El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió nuevamente al gobierno de Cuba medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos y evitar el colapso de las cárceles por el virus Covid-19.
Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi cien mil internos y unas 200 cárceles. El gobierno del Partido Comunista no ha permitido nunca la inspección internacional de dichas instalaciones.
Contrario a lo que dice la propaganda oficial, los centros de internamiento de la isla carecen de las condiciones de salubridad necesarias. El hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica han sido causa de frecuentes brotes de tuberculosis, enfermedades diarreicas agudas y otras transmitidas por parásitos como la escabiosis.
Dentro del complejo universo carcelario cubano hay más de un centenar de presos políticos. Hombres y mujeres que, después de procesos judiciales carentes de garantías, cumplen condenas por el simple hecho de querer ejercer sus derechos.
«Señor Manuel Marrero Cruz: Reiteramos nuestra solicitud y la del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea de que «revise, con carácter de urgencia, todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, y que libere a todos los involucrados, de acuerdo con los compromisos internacionales de Cuba».
En ese grupo de presos está José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien el próximo 4 de abril cumplirá seis meses de encierro. El pasado 26 de febrero, el gobierno cubano le juzgó a puerta cerrada, sin que hasta ahora conozcamos el fallo. Pero también están encarcelados Roberto Quiñones, Ramón Rigal y muchos otros.
Hacemos un llamado al Gobierno cubano a que actúe con urgencia y libere a todos los presos políticos.
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