El régimen de La Habana ha cultivado durante más de seis décadas una narrativa que ha resultado extraordinariamente efectiva en el ámbito internacional: la existencia de un supuesto «bloqueo genocida» impuesto por Estados Unidos.
Esta distorsión deliberada de la realidad jurídica y política merece un análisis riguroso que desmonte, pieza por pieza, una de las más grandes fabricaciones propagandísticas de la historia moderna.
Hoy 3 de febrero marca 63 años desde que el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, decretó el embargo comercial contra el régimen cubano. Lo que el régimen llama «bloqueo, es realmente un marco estrictamente jurídico, establecido bajo la autoridad presidencial de John F. Kennedy mediante la Orden Ejecutiva 3447, fundamentada en la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917.
Esta acción fue una respuesta legal y proporcionada a la confiscación ilegal de propiedades estadounidenses por parte del régimen castrista, valoradas en aquel momento en más de mil millones de dólares, sin compensación alguna y en violación directa del derecho internacional.
La caracterización de estas sanciones como un «bloqueo» no solo es incorrecta desde el punto de vista jurídico, sino que constituye una tergiversación intencional de la naturaleza y alcance de las restricciones comerciales.
Un bloqueo, según el derecho internacional, implica el uso de la fuerza militar para impedir físicamente el acceso a un territorio. Estados Unidos nunca ha impedido que terceros países comercien con Cuba, como lo demuestra el robusto intercambio comercial que la isla mantiene con más de 150 naciones.
La legislación posterior, incluyendo la Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996, efectivamente endureció las condiciones del embargo. Sin embargo, estas medidas siempre han incluido excepciones significativas para el comercio de alimentos, medicinas y productos humanitarios.
De hecho, Estados Unidos se ha mantenido consistentemente entre los principales exportadores de alimentos a Cuba, una realidad que contradice frontalmente la retórica del «genocidio económico».
El fracaso económico de Cuba no puede atribuirse a las sanciones estadounidenses. La isla recibió durante décadas subsidios masivos de la Unión Soviética que superaron los cien mil millones de dólares, equivalentes a varios Planes Marshall. Posteriormente, la Venezuela chavista proporcionó recursos equivalentes a varios puntos del PIB cubano anual en petróleo subsidiado.
A pesar de este apoyo externo sin precedentes, el régimen fue incapaz de desarrollar una economía sostenible.
La razón fundamental del colapso económico cubano reside en su sistema de planificación centralizada, que ha demostrado ser catastrófico en cada lugar donde se ha implementado.
El monopolio estatal sobre la actividad económica, la prohibición de la iniciativa privada, y la ausencia de derechos de propiedad han creado un sistema disfuncional que sofoca cualquier posibilidad de desarrollo.
El régimen ha utilizado magistralmente el embargo como cortina de humo para ocultar su propia incompetencia y justificar la represión política. Mientras mantiene un control asfixiante sobre la población mediante un sistema de partido único, restricciones draconianas a las libertades fundamentales y la persecución sistemática de la disidencia, culpa convenientemente a las sanciones estadounidenses por las penurias del pueblo cubano.
La realidad es que el único bloqueo real que sufre el pueblo cubano es el impuesto por su propio gobierno: el bloqueo a las libertades económicas, políticas y civiles.
Un sistema que prohíbe a sus ciudadanos establecer empresas privadas, que monopoliza el comercio exterior, que controla la prensa y que criminaliza el disenso es el verdadero obstáculo para el desarrollo de Cuba.
La eliminación del embargo, aunque deseable desde múltiples perspectivas, no resolvería los problemas fundamentales de Cuba mientras persista el sistema totalitario actual.
La experiencia histórica demuestra que sin reformas estructurales que incluyan el reconocimiento de derechos fundamentales, el establecimiento de un estado de derecho y la apertura económica, cualquier flexibilización de las sanciones tendría un impacto limitado en el bienestar de la población.
El verdadero cambio en Cuba requiere el desmantelamiento del sistema totalitario que ha mantenido a la isla en un estado de escasez permanente. Hasta que esto no ocurra, el embargo seguirá siendo lo que siempre ha sido para el régimen: una excusa conveniente para perpetuar su poder a costa del sufrimiento del pueblo cubano.
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