El efímero acuerdo de seis días entre Washington y La Habana, mediado por el Vaticano, reveló la cruel estrategia del gobierno cubano de mantener presos políticos como recurso negociador para obtener concesiones internacionales.
El mecanismo es tan simple como perturbador: el régimen acumula presos políticos – manifestantes del 11J, activistas, opositores – para después utilizarlos como moneda de cambio en negociaciones internacionales.
En esta ocasión, la promesa de liberar a 553 personas sirvió para conseguir la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una designación que tiene severas consecuencias financieras para el régimen.
La naturaleza calculada de esta estrategia se evidencia en varios aspectos.
Primero, en la opacidad deliberada: el gobierno cubano nunca ha publicado una lista completa de los liberados, ni ha vinculado oficialmente las excarcelaciones con la negociación diplomática, manteniendo así una conveniente ambigüedad que le permite manipular el proceso según sus intereses.
Segundo, en la selectividad de las liberaciones: mientras algunos presos destacados como Félix Navarro y José Daniel Ferrer fueron liberados, figuras emblemáticas como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo permanecen encarceladas, preservando así «activos» valiosos para futuras negociaciones.
Los números son reveladores: de los 1.161 presos políticos registrados por Prisoners Defenders a finales de 2024, solo unos 150 han sido liberados bajo este acuerdo. La mayoría de los excarcelados son jóvenes sin historial activista previo, detenidos durante las protestas del 11J, y su liberación es condicional – otro mecanismo de control que permite al régimen mantener su influencia sobre los liberados.
La rápida revocación del acuerdo por parte de la administración Trump, con Marco Rubio como nuevo Secretario de Estado, ha expuesto la persistencia del régimen en mantener su arsenal de presos políticos: la respuesta de Díaz-Canel, centrada en criticar la «arrogancia» de Trump, evitó cuidadosamente cualquier compromiso sobre la continuación de las liberaciones prometidas.
Este episodio se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica en Cuba, con una población que sufre escasez de alimentos, medicinas y combustible, junto con una inflación galopante que ha triplicado los precios desde 2021.
El régimen, en lugar de implementar reformas estructurales necesarias, continúa utilizando a sus propios ciudadanos como fichas de negociación, priorizando su supervivencia política sobre el bienestar de su pueblo.
La instrumentalización de vidas humanas como herramienta de negociación diplomática representa una violación fundamental de los derechos humanos y expone la naturaleza fundamentalmente represiva del régimen cubano.
Mientras el gobierno continúe viendo a los presos políticos como activos negociables en lugar de seres humanos con derechos inalienables, cualquier progreso real hacia la democratización de Cuba permanecerá como una meta inalcanzable.
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