El régimen cubano vuelve a vestir de modernidad una estructura laboral que sigue anclada en el control político. El anteproyecto del nuevo Código del Trabajo incorpora figuras como la desconexión digital, el teletrabajo y un seguro de desempleo para el sector privado, pero conserva intactos los pilares más sensibles del sistema: no reconoce el derecho a la huelga, mantiene restringida la libertad de sindicación y deja sin amarre real la promesa de un salario suficiente.
La consulta pública del texto, que arranca este lunes y se extenderá hasta el 30 de noviembre, también responde a la lógica habitual del aparato: reuniones explicativas, ponentes designados y la presencia obligatoria de la Central de Trabajadores de Cuba, un sindicato único subordinado al Partido Comunista. El trámite luce participativo, pero no toca el fondo del problema: la ley nace y avanza dentro de un sistema donde el trabajador no negocia en libertad frente al poder, sino bajo su sombra.
Entre las novedades aparecen el teletrabajo, incluso desde el extranjero bajo ciertas condiciones, y la posibilidad de pactarlo para favorecer la conciliación familiar. El texto también introduce la desconexión digital, un derecho a no ser contactado fuera de la jornada, en días de descanso o feriados, y lo extiende a quienes trabajan a distancia. Son avances formales que el régimen exhibe como señales de apertura, aunque conviven con una realidad laboral marcada por la precariedad, el control y la ausencia de garantías exigibles.
Otra pieza llamativa es el seguro de desempleo para los trabajadores del sector no estatal, incluido el universo de las mipymes surgidas tras la reforma de 2021. La obligación recae en el empleador y queda desvinculada del sistema público de seguridad social, pero el texto no aclara aspectos decisivos sobre las prestaciones ni sobre qué entidad administrará esos seguros. En un país donde las reglas cambian al ritmo de la improvisación oficial, esa ambigüedad deja más preguntas que certezas.
El anteproyecto reduce además de tres a dos años el servicio social obligatorio para los graduados universitarios y abre la puerta a su suspensión o cumplimiento en el sector no estatal. También incorpora conceptos como empleo digno, igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, corresponsabilidad familiar, protección frente al acoso, no discriminación a la mujer, capacidad demostrada y pluriempleo. Incluso fija un tope de trece horas diarias de trabajo en total. Pero el diseño general sigue siendo el mismo: principios declarados desde arriba y poca fuerza real para el trabajador que necesita defenderse.
La contradicción más grave permanece intacta. El código habla de empleo digno y de remuneración suficiente para cubrir necesidades básicas, pero no convierte esa fórmula en una obligación dura para el empleador. Tampoco ata el salario a la inflación ni al costo de vida, ni deja la revisión periódica en manos de una negociación colectiva auténtica. El salario mínimo sigue en manos del Consejo de Ministros, y con eso el régimen conserva el poder de fijar desde el centro lo que vale el trabajo de millones de cubanos.
La ausencia del derecho a la huelga y la subordinación sindical resumen el espíritu de todo el anteproyecto. La Constitución de 2019 ya había dejado ese vacío; ahora el nuevo Código del Trabajo lo perpetúa. Cuba podrá estrenar fórmulas modernas en el papel, pero mientras el trabajador no pueda organizarse, protestar y parar sin permiso del poder, la ley seguirá siendo una pieza más del andamiaje autoritario que administra la vida laboral desde arriba.
Sé el primero en comentar