Yosvani Rosell García Caso permanece en estado crítico y con fallo renal después de 37 días en huelga de hambre, de acuerdo con el parte médico emitido desde el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín. El preso político, condenado a 15 años por participar en las protestas del 11J, sigue sin pronóstico mientras su salud se desploma dentro de un sistema que lo mantiene castigado por reclamar libertad.
Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, describió un cuadro cada vez más angustioso. Dijo que cada informe médico “es más doloroso” y que teme que García Caso “pueda morir en cualquier momento”. La familia vive bajo una presión constante, con acceso restringido al paciente y apenas dos reportes al día, a las 7:00 a.m. y a las 6:00 p.m.
Rodríguez explicó que el joven de 37 años fue ingresado la semana pasada y trasladado poco después a terapia intermedia, donde no permiten visitas. Hace cinco días que ella no lo ve. Los médicos han reportado palidez extrema, ojeras, náuseas y una ingesta mínima de agua, además del deterioro de su hipertensión crónica y de sus padecimientos cardíacos.
La huelga comenzó después de más de cuatro años de cárcel por su participación en el 11J. La condena de 15 años sigue pesando sobre él y sobre su familia, que este lunes logró verlo a través de su hija mayor sin conseguir que abandonara la protesta. Según su esposa, García Caso está decidido a perder la vida o conseguir su libertad.
En medio de ese cuadro, Rodríguez denunció vigilancia y hostigamiento dentro del propio hospital. Aseguró que oficiales de la Seguridad del Estado y del sistema penitenciario permanecen en el centro médico, molestan a familiares y amigos, y amenazan a quienes intentan acercarse. También afirmó que le tienen el teléfono intervenido y la señalan como contrarrevolucionaria para aislarla todavía más.
La presión internacional comenzó a crecer ante el peligro inminente. El Centro de Denuncias Defensa pidió una medida cautelar urgente ante la CIDH y advirtió que la vida de García Caso corre un “riesgo real e inminente”. La Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó preocupación por su estado de salud y exigió su liberación y atención médica adecuada. Este lunes, el congresista Mario Díaz-Balart se sumó a las denuncias y reclamó la liberación inmediata del preso político, al tiempo que condenó el acoso contra su esposa y su familia.
El caso vuelve a exhibir el costo humano del presidio político en Cuba: un preso al borde del colapso, una familia vigilada y un régimen que sostiene una condena brutal mientras el tiempo juega contra la vida de un hombre encerrado por reclamar derechos.
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