La Seguridad del Estado volvió a mover sus piezas contra voces incómodas dentro de Cuba. Este viernes, Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, fue sacado de su casa en Pinar del Río y llevado a una sede del aparato represivo para ser interrogado. También detuvieron a Yoandy Izquierdo cuando se presentó en el lugar. Ambos quedaron en libertad horas después, pero el mensaje quedó claro: el régimen sigue usando la presión policial para amedrentar a quien piensa distinto.
En paralelo, la citación alcanzó a sacerdotes católicos en Camagüey. Alberto Reyes y Castor Álvarez fueron convocados por la Seguridad del Estado, y en el caso de Álvarez su presencia en las oficinas del órgano represivo coincidió con la de Monseñor Wilfredo Pino Estévez, arzobispo de la Arquidiócesis de Camagüey. Reyes confirmó que a ambos les pidieron comparecer por separado. La citación a figuras de la Iglesia confirma hasta dónde llega la intolerancia del poder cuando enfrenta voces con autoridad moral y presencia pública.
Valdés e Izquierdo permanecieron varias horas en la sede del Departamento Técnico de Investigaciones en Pinar del Río. Durante el interrogatorio, a Valdés lo amenazaron por la visita que hizo recientemente al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hamer. Según el relato difundido por Convivencia, el oficial lo acusó de terrorismo, de colaborar con una potencia extranjera y de servir a supuestos fines estadounidenses en la coyuntura actual del país. El aparato volvió a recurrir al mismo libreto: criminalizar el diálogo, sembrar miedo y convertir el contacto con diplomáticos o referentes internacionales en una falta política.
La amenaza no se quedó ahí. De acuerdo con el comunicado, los agentes advirtieron que compartir ideas del “enemigo” también era delito y que no permitirían que ocurriera en Cuba lo mismo que en Venezuela. Después de más de dos horas, el interrogatorio terminó en un acta de advertencia que Valdés se negó a firmar. Aun así, le recomendaron no responder a invitaciones del diplomático estadounidense ni asistir a futuras actividades similares, aunque sí le permitieron desplazarse a La Habana por motivos de Iglesia, estudios, familia o enfermedad. A Izquierdo le repitieron la misma esencia del interrogatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció la escalada de citaciones policiales, interrogatorios a activistas y sacerdotes católicos, y la colocó dentro de una semana marcada por condenas y presión oficial contra los derechos humanos en la Isla. La escena vuelve a dejar al descubierto el método de la dictadura: vigilancia, citaciones, amenazas y castigos selectivos para intentar controlar a la sociedad civil, incluso cuando la voz que se quiere callar viene desde la Iglesia o desde espacios de reflexión cívica.
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