La Audiencia Nacional cerró el paso al recurso de un ciudadano cubano que pidió asilo en España después de denunciar acoso laboral, controles y sanciones en la isla. El tribunal confirmó la decisión del Ministerio del Interior y concluyó que los hechos expuestos no acreditaban una persecución personal ni un riesgo grave suficiente para conceder protección internacional.
El caso arranca con la llegada del hombre y su esposa a Madrid-Barajas el 14 de marzo de 2020. Ambos entraron legalmente con pasaporte cubano y un visado Schengen expedido por la República Checa, válido hasta comienzos de abril de ese año. El expediente recoge que ese visado fue obtenido mediante un paquete turístico con escala en España, circunstancia que aprovecharon para quedarse en territorio español.
Más de un año después, el 29 de julio de 2021, la pareja presentó la solicitud de protección internacional en Santa Cruz de Tenerife. La petición siguió el procedimiento ordinario previsto en la Ley 12/2009 y abrió el camino a la valoración administrativa del asilo y de la protección subsidiaria.
En su relato, el demandante describió una vida atravesada por la precariedad económica y el control político del régimen cubano. Dijo que estudió en una escuela de arte y trabajó como instructor artístico en el sistema educativo, pero abandonó ese empleo porque consideraba la enseñanza un mecanismo de adoctrinamiento ideológico. Desde entonces, afirmó haber quedado marcado como un hombre ideológicamente desafecto y haber sufrido trabas constantes para conseguir trabajo.
También aseguró que el acoso salió del plano laboral y se convirtió en vigilancia cotidiana. Habló de controles frecuentes, citaciones para explicar su forma de vida e interrogatorios informales, al punto de tener que justificar la compra de una bicicleta ante sospechas sobre ingresos ilícitos. Añadió detenciones puntuales, sanciones administrativas por expresar opiniones críticas sobre la situación del país y una multa tras un intento fallido de salir de Cuba por vía marítima. Su esposa respaldó esos extremos durante la tramitación del expediente.
La Subsecretaría del Ministerio del Interior resolvió el 22 de octubre de 2021 denegar tanto el asilo como la protección subsidiaria. La Administración reconoció la falta de libertades, la precariedad económica y las prácticas de control social en Cuba, además del acoso laboral relatado por el solicitante, pero sostuvo que ese cuadro respondía a una realidad extendida entre amplios sectores de la población y no a una persecución personal, concreta y suficientemente grave. También apreció que el demandante no aportó un perfil político o social relevante ni pruebas objetivas de los hechos denunciados.
El afectado recurrió en 2022 ante la Audiencia Nacional y pidió anular la resolución. El tribunal, finalmente, respaldó al Ministerio y dejó firme la negativa. El fallo vuelve a mostrar el estrecho margen al que quedan sometidos muchos cubanos cuando intentan convertir en expediente de asilo la represión, el control y la asfixia que impone el régimen en la isla.
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