Delcy Rodríguez acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedirle un pronunciamiento sobre la licencia general emitida por Estados Unidos que flexibiliza sanciones sobre determinadas transacciones petroleras con Venezuela. La maniobra revela hasta qué punto el chavismo intenta blindar, con sello judicial, una decisión extranjera que vuelve a poner al crudo venezolano en el centro de las presiones políticas y económicas.
Durante el acto de inauguración del año judicial, transmitido por Venezolana de Televisión, la dirigente pidió a la Sala Constitucional que se pronuncie para “preservar la jurisdicción de Venezuela” y, al mismo tiempo, defender el derecho del país a sostener relaciones de cooperación económica con el resto del mundo. El discurso oficialista busca vestir de soberanía una dependencia que el propio régimen ha profundizado durante años de destrucción productiva y control político sobre la industria petrolera.
La licencia estadounidense abre la puerta a algunas operaciones con crudo venezolano y facilita el regreso de petroleras de EE.UU. al país suramericano, pero lo hace bajo condiciones estrictas. Solo se permiten transacciones con empresas establecidas antes del 29 de enero de 2025, los pagos a entidades venezolanas deberán ir a una cuenta bancaria controlada por Washington y los contratos tendrán que regirse por leyes de Estados Unidos, con eventuales disputas resueltas en ese país.
El permiso también prohíbe canjes de deuda, pagos en oro y operaciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. Washington conserva así el control sobre cada resquicio de la apertura, en un terreno donde el chavismo pretende recuperar ingresos sin ceder realmente el dominio sobre su aparato petrolero.
La medida llega después de años de sanciones que golpearon con fuerza la economía venezolana y de una nueva presión de la Casa Blanca sobre las grandes petroleras para que vuelvan a invertir en el país. Chevron sigue siendo la única compañía estadounidense con operaciones en Venezuela y con licencia de la OFAC para importar crudo, un dato que resume la dependencia del régimen de Maduro respecto a decisiones tomadas fuera de Caracas.
En el fondo, el episodio expone otra vez la fragilidad de un modelo que arruinó la principal fuente de riqueza nacional y terminó sometido a autorizaciones, restricciones y vigilancias externas. El chavismo habla de soberanía mientras busca oxígeno en un mercado que no controla y en un sistema político que ha vaciado de contenido la propia jurisdicción venezolana.
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