Estados Unidos ha apretado otra vez el cerco sobre los países caribeños que todavía dependen de la formación médica cubana. Esta vez el blanco fue Santa Lucía, a la que Washington exige que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en La Habana, una medida que golpea de frente a un sistema sanitario ya recargado y deja al descubierto el costo político de la campaña contra el régimen cubano.
El primer ministro Phillip J. Pierre reconoció la presión en una reunión del segundo Congreso Mundial sobre Disparidades Raciales y Étnicas en Salud, en Castries. Dijo que muchos de los médicos del país se formaron en Cuba y que la orden de Estados Unidos complica todavía más un sector que ya vive al límite. También admitió que la mayoría de los galenos locales pasó por aulas cubanas y que Santa Lucía enfrenta ahora un problema serio para sostener sus servicios médicos.
La ofensiva de Washington no se limita a Santa Lucía. Las misiones médicas cubanas se han convertido en uno de los puntos más tensos de la relación entre Estados Unidos y varios gobiernos del Caribe, precisamente porque La Habana ha usado durante años ese sistema como carta de exportación política y económica. La Embajada estadounidense en Barbados ya calificó esas misiones como un esquema basado en la coerción y el abuso, una denuncia que apunta al corazón del negocio del régimen.
La presión empieza a mover fichas en la región. Antigua y Barbuda reclutó 120 enfermeros de Ghana para reforzar su sistema de salud ante la dificultad de seguir contando con personal cubano. Bahamas, por su parte, suspendió la contratación de trabajadores sanitarios cubanos y canceló contratos vigentes con una agencia de empleo cubana. Son decisiones que muestran hasta qué punto el andamiaje de La Habana empieza a resquebrajarse bajo el peso de la denuncia internacional.
Cuando arrancaron estas presiones, varios miembros de la Comunidad del Caribe defendieron las misiones médicas cubanas como indispensables para sus hospitales. Hoy ese respaldo se debilita. El régimen cubano pierde margen en un terreno que durante décadas presentó como vitrina humanitaria, pero que cada vez más gobiernos ven como una operación de control, presión y dependencia. La discusión ya no gira solo en torno a la salud: también expone la fragilidad de una política exterior cubana montada sobre exportar médicos mientras la isla sigue sin resolver su propio colapso sanitario.
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