La Embajada de Estados Unidos en Cuba sostuvo en Perico, Matanzas, un encuentro con Sonia Álvarez, esposa del opositor Félix Navarro Rodríguez y madre de la presa política Sayli Navarro Álvarez, en una visita que volvió a colocar sobre la mesa la persecución del régimen contra esa familia. La sede diplomática informó además que en la reunión participaron los activistas Iván Hernández Carrión y Asunción Carrión Hernández.
Según la publicación oficial, los representantes estadounidenses expresaron apoyo a las familias y reiteraron su exigencia de liberación para Félix y Sayli Navarro, junto con todos los presos políticos en Cuba. Ese gesto confirma lo que el castrismo intenta esconder detrás de sus tribunales y de su propaganda: que la represión sigue golpeando a quienes se atrevieron a protestar y que las secuelas del 11J siguen abiertas en los hogares cubanos.
Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y uno de los opositores históricos de la Isla, cumple una condena de nueve años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público, desacato y atentado. La sentencia llegó tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Perico, Matanzas, cuando salió a la calle junto a su hija, como tantos otros cubanos que reclamaron pacíficamente libertad y mejor vida.
Después de acudir al día siguiente a la estación policial de Perico para preguntar por los detenidos, padre e hija quedaron arrestados. Sayli fue liberada poco después, mientras Félix fue trasladado al centro de operaciones de la Seguridad del Estado en Versalles, Matanzas. A finales de enero de 2022, el régimen celebró el juicio contra ambos y cerró el expediente con una condena de nueve años para él y ocho para ella.
La dureza del castigo quedó marcada también por el trato posterior a Sayli, trasladada a prisión encadenada de manos y pies y sin poder despedirse de su madre después del proceso de apelación en abril de 2022. Ese nivel de ensañamiento retrata la lógica del poder castrista: castigar al opositor y golpear a toda la familia para sembrar miedo.
En enero de 2025, Félix Navarro había sido excarcelado bajo libertad condicional como parte de un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno cubano. Pero el 29 de abril el Tribunal Supremo Popular revocó esa medida y alegó incumplimientos de las condiciones impuestas durante el período de prueba, entre ellas abandonar su municipio sin autorización y dejar su empleo.
Desde su regreso a prisión, familiares y activistas han denunciado un rápido deterioro de su salud, con signos de precariedad médica e incomunicación que reavivan la alarma por su integridad física. El caso de los Navarro vuelve a exhibir el rostro más cruel del régimen: el uso del sistema penal como instrumento de castigo político y la persistencia de una maquinaria represiva que pretende quebrar a la disidencia por la vía de la cárcel.
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