El régimen cubano volvió a colocar el peso de la crisis sobre la espalda del país y anunció un paquete de medidas para enfrentar el recrudecimiento de las políticas de Estados Unidos contra la isla. El mensaje, divulgado por el vice primer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga junto a varios ministros, confirma una realidad que ya golpea a diario a los cubanos: menos combustible, más apagones, más recortes y una economía obligada a sobrevivir con lo poco que entra.
Pérez-Oliva sostuvo en la Mesa Redonda que Washington mantiene una política coercitiva marcada por la persecución financiera y las sanciones secundarias contra buques y compañías que intentan llevar combustible a Cuba. Bajo ese argumento, el régimen presentó decisiones que tocan la producción y el uso del combustible, el sector energético, la agricultura y la salud, todas áreas que reflejan la fragilidad estructural del país.
En el centro del plan aparece la producción nacional de petróleo. El vice primer ministro dijo que el crudo cubano es pesado y se usa para generar electricidad, y afirmó que al cierre de 2025 se había revertido la tendencia de decrecimiento de años anteriores. También adelantó cambios en las ventas de combustible, porque el abastecimiento ya no permite sostener los mismos niveles. Esa admisión desnuda la precariedad del sistema energético y la dependencia que sigue ahogando a la isla.
Las autoridades también insistieron en empujar el programa de parques solares fotovoltaicos y la instalación de módulos para viviendas, con la meta de llegar a 20.000 sistemas. La promesa vuelve a apoyarse en la idea de una sostenibilidad futura del sistema electroenergético nacional sin depender de importaciones de combustible. En la práctica, el régimen vuelve a vender como salida estratégica una respuesta de emergencia a una crisis que lleva años castigando a la población.
La medida llega después de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero, en la que la Casa Blanca declaró una “emergencia nacional” ante la supuesta amenaza que, según Washington, representa Cuba para la seguridad de Estados Unidos y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con países hostiles y de permitir la presencia de capacidades militares e de inteligencia de Rusia y China. Luego, Trump reconoció contactos con La Habana y habló de un posible acuerdo, al tiempo que describió a Cuba como una nación en decadencia.
Desde La Habana, Miguel Díaz-Canel respondió con el lenguaje habitual del aparato oficial y calificó la medida de fascista, criminal y genocida. Moscú, por su parte, reiteró su respaldo político y material a la isla y rechazó la presión económica y militar sobre Cuba, incluida la afectación del suministro energético. La secuencia deja al descubierto el callejón en que el castrismo ha metido al país: aislamiento, dependencia externa y una política interna incapaz de ofrecer soluciones reales a la escasez que sufren los cubanos.
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