Human Rights Watch volvió a colocar a Estados Unidos en el centro de la denuncia regional al señalar que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha dado impulso a nuevos abusos en América Latina. La organización habló de 120 latinoamericanos muertos en el Caribe y el Pacífico en ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, un saldo que calificó como ejecuciones extrajudiciales.
La advertencia llega en un momento en que la región carga con viejas heridas y con gobiernos que, amparados en el discurso de mano dura, empujan sus propios atropellos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, recordó que Cuba, Nicaragua y Venezuela acumulan desde hace décadas graves violaciones a los derechos humanos, mientras ahora Washington añade presión con operaciones militares, deportaciones y recortes de ayuda internacional.
HRW también denunció que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel de Nayib Bukele inaugurada en 2023. La organización asegura que allí documentó torturas sistemáticas contra esos detenidos, un retrato brutal de hasta dónde puede llegar un Estado cuando hace de la represión una política de gobierno.
Panamá y Costa Rica quedaron igualmente bajo crítica por retener a extranjeros deportados por Estados Unidos sin justificación, según la abogada de HRW. La organización reprocha además que el recorte de la ayuda internacional a través de la USAID haya golpeado con fuerza a América Latina y el Caribe, debilitando a quienes sostienen trabajo humanitario y de defensa de derechos.
El informe advierte que el efecto dominó de esas políticas ya se siente en otros países de la región. En Ecuador y Perú, dice HRW, se han promovido leyes para cerrar de forma arbitraria organizaciones de derechos humanos, aprovechando el debilitamiento del tejido cívico. En paralelo, varios gobiernos que apostaron por la mano dura contra la delincuencia terminaron multiplicando abusos en lugar de imponer orden real.
La radiografía de HRW es dura con México también. La organización alertó sobre la erosión del sistema de pesos y contrapesos tras la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces, una fórmula que, según Goebertus, somete a los tribunales a mayorías políticas y presiones electorales. Denise Dresser advirtió que esa arquitectura deja a los jueces como piezas vulnerables del poder.
Lisa Sánchez sumó otro frente de alarma al señalar que la militarización de la seguridad pública agrava los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales y no ha frenado la corrupción. HRW reconoce incluso la reducción de la pobreza en México, pero dejó una frase que resume la gravedad del cuadro: comer mejor no compensa vivir sin justicia.
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