La Seguridad del Estado volvió a meter presión en San Antonio de los Baños, Artemisa, después de la aparición de carteles contra el régimen en varios puntos del pueblo. Agentes del aparato represivo interrogaron a varias personas por unas pintadas que piden el fin de la dictadura y exigen cambio en la localidad que se ganó el nombre de “cuna de la Libertad” tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran también a miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida borrando los letreros, la escena de siempre: censura, control y miedo frente a cualquier gesto de desafío popular. El régimen responde a la protesta con vigilancia, limpieza forzada y citaciones, como si una pared pintada bastara para desarmar el descontento que sigue vivo en el pueblo.
Uno de los citados fue Denis Hernández, quien cumple una sentencia de seis años por haber participado en las manifestaciones del 11J y luego quedó bajo libertad condicional tras las negociaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel con el Vaticano. Hernández contó a Martí Noticias que lo llevaron a un interrogatorio sin aviso oficial, con presencia de cinco agentes de la Seguridad del Estado y de la PNR, para preguntarle si tenía vínculo con la colocación de carteles ocurrida también el 6 de febrero.
El joven rechazó cualquier relación con las pintadas, pero los agentes insistieron en señalarle supuestas conexiones con personas a las que llaman contrarrevolucionarias. También le recordaron que no podía publicar ni comentar en redes sociales, una de las restricciones impuestas bajo su libertad anticipada. Hernández dijo que tomó esas advertencias como una amenaza directa, porque le advirtieron que una publicación en Internet podía costarle la revocación de la medida y su regreso a una condena más severa.
La presión no quedó ahí. También fueron llamados a comparecer otros manifestantes del 11J, entre ellos Carlos Manuel Pupo, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre, su coordinador de Asuntos de la Juventud, Julián Manuel Mazola Beltrán, y Christopher Montesino de la Osa. El mensaje del régimen es claro: persigue la pared, interroga al vecino y amenaza al ex preso político para intentar borrar una protesta que sigue apareciendo en el mismo lugar donde el 11J dejó una marca imborrable.
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