Duannis León Taboada fue sacado de su celda y enviado a un lugar no identificado dentro del sistema penitenciario cubano después de una golpiza y semanas de presión dentro del Combinado del Este, en La Habana. El preso político del 11J permanece bajo castigo mientras familiares y activistas alertan sobre un nuevo intento del régimen por quebrarlo dentro de prisión.
La denuncia del Observatorio de Derechos Culturales coloca el foco sobre una práctica conocida en la Cuba de hoy: el encierro como extensión de la represalia política. León Taboada habría sido golpeado por un funcionario identificado como el capitán Juan Ramón, en medio de una discusión verbal con otro recluso. El resultado fue una herida abierta en la ceja y, según la información recibida desde el penal, la lesión no recibió atención médica adecuada ni puntos de sutura.
Ese detalle importa tanto como el golpe. En una prisión controlada por el Estado, negar asistencia a un preso agredido por un oficial agrava el abuso y deja claro quién manda y con qué métodos. El castigo no termina en la celda de aislamiento: se prolonga en la indiferencia, en la falta de cuidado básico y en la posibilidad siempre latente de fabricar una segunda causa para convertir a la víctima en culpable.
Las alarmas subieron cuando, en la mañana de este sábado, las autoridades lo sacaron de la celda para recoger sus pertenencias y lo trasladaron a un sitio no identificado. Fuentes cercanas al caso señalan que el aparato penitenciario intenta abrirle una nueva causa vinculada al incidente y buscar testigos entre otros reclusos, pese a que fue él quien recibió la agresión.
La maniobra encaja con la lógica represiva del régimen: aislar, desgastar, desordenar la defensa del preso y fabricar expedientes para sostener la persecución. Duannis León Taboada mantiene además una protesta silenciosa desde hace semanas para reafirmar que su encierro responde a motivos políticos y para exigir su libertad. Su negativa a recibir beneficios, a vestir uniforme penal, a participar en conteos, visitas familiares o llamadas forma parte de ese reclamo, y también explica la presión añadida que recibe dentro del penal.
El caso alcanza a su madre, Jenni M Taboada, que junto a él tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el riesgo que enfrenta. La alerta del Observatorio también advierte sobre posibles represalias contra ella por denunciar públicamente lo que ocurre. En un país donde la cárcel sigue siendo un instrumento de disciplina política, hasta la familia del preso termina bajo amenaza.
La denuncia fue elevada a organismos internacionales como la UNESCO, la Unión Europea, Amnistía Internacional y Artists at Risk Connection. El movimiento busca visibilizar un caso que confirma, una vez más, la condición del sistema penitenciario cubano: un espacio donde el régimen no solo encierra a opositores, también los expone a golpes, aislamiento, hostigamiento y nuevas acusaciones para prolongar el castigo.
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