Las Tunas se convirtió en una ciudad hundida en basura y el propio oficialismo lo terminó admitiendo. El periódico provincial reconoció que hay cientos de microvertederos repartidos por toda la urbe, con desechos junto a escuelas, policlínicos y viviendas, mientras la recogida sigue sin dar respuesta a una realidad que ya nadie puede esconder.
La escena que describe la prensa local habla de un servicio público desbordado y de un deterioro que se volvió cotidiano. La basura reaparece pocas horas después de ser retirada y, ante la falta de recursos, la salida que queda muchas veces es prenderle fuego. Esa práctica improvisada solo suma humo, vectores y riesgo de enfermedad en medio de un panorama epidemiológico ya cargado para la población.
El propio reporte oficial deja al descubierto el tamaño del colapso. Servicios Comunales no tiene combustible suficiente ni fuerza laboral para sostener la limpieza. En toda la provincia hacen falta 657 carretoneros y solo están disponibles 229; en la cabecera apenas poco más de 60 siguen activos. Aunque el salario llegó a 15 mil pesos mensuales, la inflación y los impuestos han dejado ese trabajo casi imposible de sostener.
El castrismo intenta explicar el desastre con reuniones, contratos, estrategias e incentivos fiscales, pero la vida real va por otro lado. Mientras el aparato estatal se mueve entre excusas y promesas, los vecinos conviven con el hedor, las moscas, los roedores y la quema constante de desperdicios frente a sus casas. La basura no se acumula por accidente: se acumula porque el régimen dejó caer los servicios elementales.
El oficialismo también desliza culpas hacia las mipymes, las indisciplinas sociales y la falta de inspectores, pero el fondo del asunto está en el abandono de una provincia que ya no recibe ni lo básico. Las Tunas terminó mostrando una vez más el precio del mal gobierno: calles convertidas en vertederos, familias expuestas a la suciedad y una autoridad que administra la decadencia en lugar de resolverla.
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