El Tribunal Provincial de Villa Clara condenó a diez años de cárcel al profesor universitario Ariel Manuel Martín Barroso por escribir carteles contra Miguel Díaz-Canel en la sede donde trabajaba. El caso terminó con una sentencia dura, la inhabilitación para ejercer en centros estudiantiles y su envío a la Prisión Nieves Morejón, en Sancti Spíritus.
La represión cayó sobre un docente con prestigio académico y vínculo directo con la universidad. Según la sentencia citada por la Fiscalía, el castigo se justificó con acusaciones de Propaganda contra el orden constitucional y Desacato, además de la supuesta vinculación del profesor con “organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior”.
Los hechos atribuidos a Martín Barroso son claros en el expediente: una pintada con la frase “Abajo Díaz Canel” en un pasillo de la institución, escrita de noche y aprovechando un apagón, y otras consignas de “Patria y Vida” en distintos espacios de la universidad. A partir de eso, el aparato judicial convirtió una expresión de rechazo político en un delito que terminó con una condena de una década.
El peso del caso crece por lo que revela sobre el control ideológico del régimen dentro de las aulas. Martín Barroso no era un opositor marginal ni una figura sin influencia: era doctor, profesor de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí” y miembro de la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior. La sentencia manda un mensaje directo a la comunidad académica: en Cuba, disentir dentro de la universidad puede costar la carrera y la libertad.
Su primo, Jorge Luis González, contó que el docente permaneció incomunicado entre cinco y seis meses y que nadie sabía de él. También relató que el profesor, antes considerado “integrado”, empezó a mirar la realidad del país con otros ojos cuando tuvo acceso a internet desde una computadora de la universidad. En esa evolución pesó además la enfermedad de su madre, a quien, según la familia, dejaron sin atención médica hasta que “se la dejaron podrir en la casa”.
El Observatorio de Libertad Académica denunció que otro científico terminó en prisión por ejercer el derecho al disenso y alertó que se trata de un docente con prestigio institucional y entre los estudiantes. La organización señaló además que el profesor fue vigilado e investigado por agentes de la Seguridad del Estado, cuyos testimonios pesaron en su contra.
La condena confirma hasta qué punto el régimen usa los tribunales para blindar la obediencia política y castigar cualquier gesto de desafío, incluso una pintada en una pared. En vez de tolerar la crítica, responde con cárcel, inhabilitación profesional y un expediente penal armado para aplastar la disidencia desde la universidad, uno de los pocos espacios donde todavía debería respirarse libertad.
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