El homenaje a las víctimas del derribo de Hermanos al Rescate volvió a sacar a primer plano un crimen que sigue sin castigo tres décadas después. Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez encabezaron el acto en memoria de los cuatro civiles muertos, entre ellos ciudadanos estadounidenses, y renovaron el reclamo de que Raúl Castro responda por lo ocurrido.
La conmemoración reunió a líderes del exilio cubano y a los familiares de Armando Alejandre Jr., Carlos A. Costa, Mario M. de la Peña y Pablo Morales. Ese acompañamiento le dio al reclamo un peso que el régimen de La Habana ha esquivado por años: el de una operación militar contra avionetas civiles que participaban en labores de búsqueda y rescate de balseros cubanos.
María Elvira Salazar describió el derribo como uno de los crímenes más graves atribuidos al régimen cubano y lo vinculó con décadas de abusos contra la población. Su planteamiento tocó la herida más sensible del exilio: las muertes en el Estrecho de Florida, la separación familiar y la salida forzada de una isla donde el poder convirtió la represión en método de gobierno.
Carlos A. Giménez insistió en que durante años hubo condenas públicas sin consecuencias judiciales y sostuvo que ahora existe la posibilidad de mover el caso en los tribunales. También afirmó que hay registros que apuntan a la responsabilidad directa de Castro en la orden de derribar las aeronaves e instó al presidente Donald Trump y al Departamento de Justicia a avanzar en esa dirección.
El hecho sigue pesando sobre la imagen del castrismo porque el derribo del 24 de febrero de 1996 ocurrió, según investigaciones estadounidenses, en espacio aéreo internacional. Desde entonces, el régimen ha cargado con una acusación que no desaparece con propaganda ni con silencio oficial, porque involucra la muerte de civiles y el uso de fuerza letal contra una organización humanitaria.
Mario Díaz-Balart conectó el reclamo de justicia con el giro de la política estadounidense hacia La Habana. Según dijo, la nueva línea busca negar oxígeno a regímenes autoritarios y aumentar la presión internacional, en contraste con etapas anteriores de diálogo que, a su juicio, terminaron favoreciendo al poder en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La carta enviada días antes por Díaz-Balart, Salazar, Giménez y Nicole Malliotakis a Trump confirma que el asunto sigue vivo en Washington. Para el exilio, el homenaje volvió a servir como recordatorio de una verdad incómoda para el régimen: el caso no se borra con los años, y la demanda de justicia sigue apuntando al centro mismo de su impunidad.
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