Ginebra abrió este lunes su primera sesión del año del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con Cuba otra vez en el centro del escrutinio internacional. La cita reunió a delegaciones de países golpeados por crisis políticas graves, entre ellos Irán, Venezuela y la propia isla, en un ambiente marcado por la confrontación y por la discusión sobre el comportamiento de regímenes que responden con control y represión antes que con garantías.
La presencia cubana en ese foro no pasa inadvertida. El régimen llega a un espacio que debería servir para defender libertades, pero que durante años ha sido también escenario de denuncias contra su aparato represivo, su censura y su negativa a reconocer derechos básicos dentro del país. Que Cuba comparta mesa con otros gobiernos cuestionados por violaciones sistemáticas dice mucho del lugar que ocupa La Habana en el mapa de los abusos estatales.
La sesión se inaugura, además, en un momento en que el Consejo vuelve a reflejar la fractura entre la diplomacia formal y la realidad de millones de ciudadanos sometidos a Estados que concentran poder y cierran espacios de disenso. En el caso cubano, esa contradicción es evidente: el régimen busca legitimidad en escenarios multilaterales mientras en la isla persisten la vigilancia política, el castigo a la oposición y el abandono de la vida cotidiana.
Por eso la cita de Ginebra importa más allá del protocolo. Cada vez que Cuba se sienta en ese tipo de foros, queda expuesta la distancia entre el discurso oficial y la experiencia real de los cubanos. El régimen intenta presentarse como interlocutor válido ante la comunidad internacional, pero arrastra una deuda política elemental con su propia población: libertad, debido proceso y respeto a la dignidad humana.
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