La Seguridad del Estado citó e interrogó en San Antonio de los Baños a al menos dos vecinos que salieron a protestar la noche del domingo por más de 24 horas sin electricidad en la zona de El Palenque y barrios cercanos. La respuesta del régimen fue inmediata: patrullas en la Avenida 27, citaciones oficiales al amanecer y presión contra quienes reclamaron corriente en la calle.
Jorge Luis González Ibarra y Yandiel Fleitas recibieron la orden de presentarse en la estación policial, señalados como supuestos instigadores. Los testimonios recogidos apuntan a una maniobra de intimidación bien conocida en Cuba: identificar a los que dan la cara, marcarles el expediente y convertir un reclamo vecinal en un asunto policial.
La protesta nació del apagón. Vecinos de El Palenque y zonas aledañas pasaron más de un día entero sin luz; la corriente regresó apenas media hora y volvió a cortarse, lo que encendió la indignación de familias enteras. En medio de la oscuridad, la gente salió con gritos y calderos, mientras la delegada de la circunscripción intentaba frenarlos bajo amenaza de arresto.
El episodio vuelve a dejar al desnudo la forma en que el poder cubano maneja el malestar social: no resuelve el colapso eléctrico, persigue a quienes lo enfrentan. Donde había un reclamo por un servicio básico, apareció la vigilancia policial. Donde había cansancio y rabia acumulada, el régimen respondió con citaciones y advertencias.
Yismely Mazola Beltrán, hermana de uno de los presos políticos del 11 de julio, dijo que las autoridades usaron sus antecedentes para aumentar la presión sobre la familia. Ese detalle revela hasta qué punto el aparato represivo castiga por capas, extendiendo la intimidación a entornos ya golpeados por la represión política. Mazola también relató que les advirtieron que no podían tocar más calderos ni volver a la calle.
Otros relatos no confirmados hablan de ocho mujeres citadas a interrogatorio, lo que sugiere una ofensiva más amplia contra los participantes en la protesta. Cubalex advirtió que esas represalias vulneran la libertad de expresión. En una isla marcada por una crisis energética que deja cortes de más de 20 horas diarias en buena parte del territorio, el régimen insiste en tratar como delito lo que nace del hambre de luz y de dignidad.
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