La Corte Suprema de Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa las confiscaciones hechas por el régimen cubano en 1960 al escuchar argumentos en dos demandas por activos arrebatados a empresas estadounidenses. El debate judicial gira en torno a Havana Docks Corporation y Exxon Mobil, dos casos que buscan compensación por propiedades tomadas sin pago y que cuentan con el respaldo de la Administración Trump.
La vista en Washington no solo revive una vieja deuda del castrismo con sus víctimas extranjeras. También expone la vigencia de una política de expolio que marcó el inicio del poder absoluto de Fidel Castro y que todavía arrastra consecuencias legales, económicas y diplomáticas para la isla. El régimen sigue cargando con el costo de aquellas confiscaciones, que sirvieron para desmontar la propiedad privada y consolidar el control estatal sobre sectores estratégicos.
Havana Docks presentó su demanda en Florida en 2019 contra Royal Caribbean, Norwegian, Carnival y MSC, por haber operado entre finales de 2015 y mediados de 2019 en la Terminal de Cruceros del Puerto de La Habana, confiscada en 1960. Un juez federal había ordenado a las compañías pagar 100 millones de dólares cada una, pero una corte de apelaciones anuló esa decisión. La empresa pidió entonces que el Supremo revisara el asunto, y la corte aceptó hacerlo en 2024.
El otro expediente involucra a Exxon Mobil y la confiscación de una refinería y más de un centenar de estaciones de servicio, además de otros activos de petróleo y gas en la isla. Exxon llevó el caso ante un tribunal federal en Washington D.C. contra tres entidades estatales cubanas a las que acusa de violar la Ley Helms-Burton al extraer, importar y refinar crudo y operar estaciones de servicio usando propiedades expropiadas.
La Casa Blanca se alineó con las demandas y envió opiniones de respaldo al Supremo. Desde el Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental defendió que Washington tiene interés en promover la democracia en Cuba y en exigir rendición de cuentas por las confiscaciones ilegales del Gobierno cubano. La lectura política es clara: el expediente de las expropiaciones sigue siendo una herida abierta y un recordatorio de que el régimen nunca respondió por su primera gran operación de saqueo económico.
El caso llega además en medio de una presión renovada de Washington sobre La Habana. La Administración Trump ha cortado el acceso de Cuba al crudo venezolano y ha impuesto aranceles a quienes vendan petróleo a la isla, una ofensiva que ha terminado de golpear una economía ya exhausta y sumida en una crisis humanitaria profunda. Mientras el poder en La Habana insiste en culpar al bloqueo, los pleitos por las confiscaciones recuerdan que el origen del desastre también está en el despojo interno, el desprecio por la propiedad y décadas de control político sin compensación ni rectificación.
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