Una plataforma de 34 organizaciones y familiares de presos políticos reclamó este miércoles en La Habana la liberación inmediata de todos los encarcelados por motivos políticos y una ley de amnistía que borre condenas, antecedentes penales y restricciones civiles para quienes han sido castigados por disentir del régimen.
El Foro Acción por la Amnistía 2026 llevó al centro de la discusión una de las heridas más visibles del sistema cubano: la cárcel como castigo por pensar distinto y la permanencia de marcas legales y sociales incluso después de una excarcelación. Su reclamo apunta a desmontar esa lógica de control que convierte la disidencia en delito y deja a las víctimas atrapadas dentro y fuera de prisión.
La declaración de la plataforma, integrada por miembros del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activistas, ex presos políticos y familiares de encarcelados, plantea que la amnistía debe ser una rectificación obligatoria de una injusticia sistemática. También exige la rehabilitación política y moral de cada prisionero, con la eliminación de antecedentes y la restitución de los derechos civiles y políticos.
Entre los adherentes figuran Arco Progresista, D’Frente, Manuel Cuesta Morúa, Félix Navarro, Carolina Barrero, Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, junto con familiares de presas políticas como Sissi Abascal y Saylí Navarro. La lista muestra que la demanda sale de un frente cívico amplio, golpeado por la criminalización del disenso y la persecución sostenida dentro de la isla.
La plataforma también rechazó las licencias extrapenales condicionadas y los destierros disfrazados de libertad. Ese rechazo desnuda una práctica habitual del régimen: aliviar la presión sobre algunos casos sin tocar la raíz del problema, mientras mantiene intacto el mensaje de miedo contra quienes protestan, se organizan o exigen derechos básicos.
El reclamo llega además en un momento en que el sistema penitenciario cubano vuelve a quedar bajo escrutinio por abusos graves. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió al régimen tomar nota de lo ocurrido en la prisión de Canaleta, donde un motín de presos por hambre y malos tratos fue respondido con balas de goma, gas pimienta y violencia física, según testimonios de reclusos y denuncias de ONG.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha registrado al menos 40 incidentes de violaciones de derechos humanos en esa cárcel desde 2023, entre golpizas, celdas de castigo, traslados violentos, falta de atención médica y muertes por negligencia. Sus registros también apuntan que entre marzo de 2024 y marzo de 2025 murieron al menos 60 personas en cárceles de la isla, en su mayoría por problemas de salud no tratados o por violencia física directa.
Prisoners Defenders calcula que hoy hay 1.207 presos por motivos políticos en Cuba. Esa cifra resume la magnitud del abuso y desmonta cualquier relato oficial de normalidad institucional. Mientras el régimen insiste en sostener el control por la vía del encierro, la sociedad civil y las familias siguen reclamando una salida que devuelva libertad, derechos y reparación a quienes fueron condenados por pensar distinto.
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