El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que su gobierno investigará por cuenta propia el tiroteo ocurrido cerca de la costa cubana, donde murieron cuatro tripulantes de una lancha con matrícula de Florida. Washington, advirtió, responderá “en consecuencia” cuando se aclare qué pasó.
Desde Saint Kitts y Nevis, donde participa en una reunión con líderes del Caribe, Rubio dejó claro que no dará por buena la versión de La Habana. Afirmó que la mayor parte de la información disponible hasta ahora proviene de las autoridades cubanas, pero insistió en que Estados Unidos sacará sus propias conclusiones y no se moverá sobre la base de lo que diga el régimen.
El caso vuelve a poner en el centro la opacidad con que el poder cubano maneja hechos armados en el mar y el control militarizado de sus aguas cercanas. La Embajada de Estados Unidos en La Habana pidió acceso a los sobrevivientes del tiroteo, mientras agencias estadounidenses como Seguridad Nacional y la Guardia Costera revisan el incidente sin adelantar un cierre.
Rubio negó que entre la tripulación hubiera personal del Gobierno estadounidense y descartó que la embarcación formara parte de una operación oficial de Washington. También evitó especular sobre qué hacían en esa zona o cuál era su propósito exacto, a la espera de que aparezcan todos los elementos del caso.
La versión del Ministerio del Interior cubano sostiene que la lancha se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo. Según esa información, una unidad de Tropas Guardafronteras pidió identificación a sus ocupantes, desde la embarcación se abrió fuego contra los efectivos cubanos, el comandante resultó lesionado y cuatro tripulantes murieron. Los seis sobrevivientes fueron detenidos e interrogados.
Más allá de la disputa inmediata sobre el origen del tiroteo, el episodio confirma cuánto depende Cuba de una estructura de control cerrada, armada y sin transparencia. Cuando el régimen monopoliza la versión de un incidente así, la verdad queda atrapada entre la versión oficial y la falta de rendición de cuentas. En ese vacío, la desconfianza crece y la responsabilidad política del aparato estatal pesa todavía más.
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