Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a dos venezolanos de operar una red de robo a cajeros automáticos en varios puntos de Nueva Inglaterra, un esquema que dejó pérdidas por millones de dólares a instituciones financieras y al propio gobierno federal. El caso, según el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, terminó con la detención de Moises Alejandro Martinez Gutierrez y Lestter Guerrero, ambos de 29 años, en Augusta, Maine.
La acusación sostiene que los dos usaban un software para obligar a los ATM a expulsar todo su efectivo de una sola vez, una maniobra conocida como jackpotting. Ambos enfrentan cargos por conspiración para cometer robo bancario y deben comparecer en la corte federal de Boston en una fecha que todavía no se ha fijado.
Los fiscales también los vinculan con Tren de Aragua, una banda venezolana que el propio Departamento de Justicia describe como una organización dedicada al tráfico de personas, la extorsión, el narcotráfico, el secuestro y el robo. En esa misma línea, el expediente afirma que el grupo ha convertido el jackpotting en otra vía para sacar dinero de instituciones financieras y repartir las ganancias entre sus miembros y su cúpula en Venezuela.
El caso se extendió por varias localidades de Nueva Inglaterra, entre ellas Norwich, Rochester, Coventry, Stoneham y Braintree, además de otras zonas de la región. La conducta atribuida a los acusados deja en evidencia un patrón criminal que cruza fronteras, aprovecha vacíos migratorios y golpea directamente el sistema bancario y el bolsillo público.
La pena máxima por el cargo presentado llega hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares. Más allá de la sanción prevista, el expediente vuelve a poner sobre la mesa cómo redes criminales foráneas usan el territorio estadounidense como campo de saqueo rápido, operan con método y luego intentan desaparecer antes de que la justicia cierre el cerco.
El caso encaja en una advertencia más amplia del gobierno federal sobre fraudes cometidos por extranjeros que entran, estafan y se esfuman con el dinero. En esa lógica, la corrupción importada y el crimen transnacional terminan alimentando una misma herida: instituciones vulnerables, control migratorio insuficiente y una cadena de abusos que siempre paga el ciudadano honesto.
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