La Fiscalía cubana imputó este martes por terrorismo a seis tripulantes de una lancha procedente de Estados Unidos que fue interceptada por guardacostas del régimen en aguas territoriales, en un caso que terminó con cuatro muertos, seis heridos y prisión provisional para los detenidos.
El comunicado oficial sostiene que el grupo formaba parte de un total de 10 personas armadas y que fue detenido el 25 de febrero cuando supuestamente intentaba entrar en Cuba. Según La Habana, la embarcación llevaba armas de fuego de distintos calibres, entre ellas 14 fusiles, 11 pistolas y casi 13.000 municiones.
La versión del régimen afirma además que la fragata de guardacostas se acercó para pedir identificación y que los pasajeros respondieron abriendo fuego. Con ese relato, la Fiscalía anunció que “se han instruido de cargo seis imputados por delitos de terrorismo” y que permanecerán bajo prisión provisional mientras avanza el caso.
El fiscal Edward Robert ya había adelantado la acusación el sábado en la televisión nacional, una señal de cómo La Habana usa su aparato mediático y judicial para fijar la narrativa antes de que el expediente se ventile por vías ordinarias. En un país donde la justicia responde al poder político, la imputación por terrorismo pesa también como mensaje interno: el régimen castiga con dureza cualquier episodio que pueda presentar como amenaza armada.
El trasfondo de este hecho conecta con una vieja obsesión del castrismo: la seguridad convertida en argumento para el control. La Habana recordó que las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida fueron frecuentes tras 1959, y enmarcó el caso en la tensión creciente con Washington.
La noticia llega, además, mientras las autoridades cubanas informaron la detención en La Habana de 10 panameños por presunta “propaganda” contra el gobierno. El patrón vuelve a ser el mismo: vigilancia, represión selectiva y uso político del delito como herramienta de presión.
También pesa la lectura diplomática. La Habana dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a colaborar en la investigación, mientras la administración de Donald Trump mantiene una línea de máxima presión y no oculta su interés en un cambio de régimen en Cuba. En medio de ese choque, el castrismo busca presentarse como víctima asediada, aunque el expediente sigue montado sobre la lógica de siempre: control interno, relato oficial cerrado y castigo ejemplar.
Sé el primero en comentar