Las multas y los decomisos aplicados en Santiago de Cuba después de un operativo volvieron a poner en la mira la manera en que el régimen enfrenta la crisis: con castigo, no con soluciones. La medida desató críticas porque golpea a quienes sostienen la sobrevivencia diaria en un mercado que el Estado no logra abastecer ni ordenar.
La reacción dejó claro lo que muchos cubanos ya saben por experiencia: cuando aprieta la escasez, el aparato estatal responde sobre el vendedor pequeño y sobre la economía informal, que hoy cubre vacíos que la estructura oficial no resuelve. En lugar de aliviar la presión de los precios o mejorar la oferta, el operativo terminó añadiendo más temor, más pérdidas y más arbitrariedad en la calle.
En una provincia marcada por la misma carestía que golpea al resto del país, este tipo de acciones tiene un efecto inmediato sobre familias, revendedores y consumidores. Cada decomiso rompe el sustento de alguien y empuja más actividad hacia la clandestinidad, mientras la causa de fondo sigue intacta: desabastecimiento, mercado roto y un control estatal que no produce respuestas útiles.
El episodio también deja al descubierto una política económica vieja y fracasada. El régimen insiste en perseguir consecuencias visibles de la crisis, mientras evita enfrentar sus raíces. Así, multa, decomisa y amenaza, pero no mejora el acceso a alimentos ni frena el deterioro del bolsillo cubano. El resultado es un país donde la ley aparece como presión sobre el débil y no como protección del ciudadano.
Las críticas surgieron precisamente por eso. En Santiago, el operativo no resolvió nada esencial y sí reforzó la sensación de que el poder administra la escasez a base de vigilancia y sanción. Para la gente común, cada intervención de este tipo confirma que el régimen prefiere controlar la miseria antes que corregirla.
Sé el primero en comentar