La Habana ordenó el regreso de 277 profesionales de la salud que trabajaban en Jamaica después de que Kingston decidiera poner fin al acuerdo de cooperación médica con Cuba. El régimen atribuyó la ruptura a presiones de Estados Unidos y presentó la retirada como una decisión soberana, mientras el gobierno jamaicano explicó que el pacto anterior había vencido y que ambas partes no lograron pactar nuevas condiciones.
La salida golpea una de las columnas financieras del castrismo. Durante años, la exportación de servicios profesionales ha sido una de las principales fuentes de divisas de la isla, junto al turismo y las remesas. Cada contrato que se cierra o se enfría le aprieta más el cuello a un aparato estatal que ha hecho de la medicina una mercancía de Estado y de sus especialistas una pieza de supervivencia económica.
La Cancillería cubana reaccionó con el guion de siempre: habló de una colaboración “fructífera”, dijo que Jamaica le daba la espalda a una ayuda con “impacto tangible” en su sistema sanitario y acusó a Washington de empujar la ruptura. También sostuvo que el pueblo jamaicano quedaba privado de servicios básicos y especializados que ofrecían los colaboradores cubanos. La versión oficial busca convertir una decisión contractual en una ofensiva política, pero evita decir lo esencial: el negocio de las misiones médicas ya no goza del blindaje de antes.
El propio comunicado de La Habana dejó ver la magnitud de esa operación. Según sus cifras, más de 4.700 cubanos prestaron asistencia médica en Jamaica durante tres décadas, con más de 8.176.000 pacientes atendidos, 74.302 intervenciones quirúrgicas, 7.170 partos y cerca de 25.000 personas que recuperaron la visión. El régimen exhibe esos números como bandera diplomática y como prueba de utilidad internacional, aunque también revelan cuánto depende de estas brigadas para sostener su caja en medio de la crisis interna.
El regreso desde Jamaica llegó apenas un día después de que Cuba repatriara a 172 sanitarios que trabajaban en Honduras desde 2024, luego de que ese país decidiera no renovar el contrato. El patrón se repite y deja una consecuencia clara: cuando se cae un acuerdo externo, el costo inmediato recae sobre el aparato financiero de La Habana y sobre los profesionales que salen y entran bajo control estatal, mientras la población cubana sigue atrapada en una economía sin respiro.
Washington insiste en describir estos programas como trabajo forzado y varios gobiernos han empezado a endurecer o revisar sus vínculos con La Habana. Cuba responde con denuncias de injerencia y con el relato de la solidaridad. En el fondo, el régimen intenta defender un modelo que mezcla control político, exportación de mano de obra calificada y dependencia de divisas, una fórmula que le da oxígeno al poder y deja a los cubanos sin soluciones reales dentro de la isla.
La ruptura con Jamaica confirma que el castrismo enfrenta un terreno cada vez menos cómodo fuera de su propaganda. Los contratos pasan ahora por la lupa de otros gobiernos y exponen una verdad que La Habana intenta maquillar: la medicina exportada sostiene ingresos para el Estado, pero no arregla el colapso sanitario ni económico del país. El régimen pierde un ingreso sensible y queda otra vez al desnudo su fragilidad.
Sé el primero en comentar