Regis Iglesias Ramírez salió del presidio político convertido en testimonio vivo de cómo el régimen castiga la organización ciudadana en Cuba. Su relato vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el castrismo intenta maquillar: reclamar derechos elementales puede costar años de cárcel, separación familiar y destierro.
El dirigente del Movimiento Cristiano Liberación fue uno de los 75 activistas encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. La Seguridad del Estado lo arrancó de su trabajo en La Habana, lo sometió a un juicio sumarísimo y lo sentenció a 18 años de privación de libertad bajo una acusación de “actos contra la integridad territorial y la soberanía nacional”, fórmula con la que el poder castigó una iniciativa cívica y no un delito real.
Iglesias explica que el motivo de fondo fue el Proyecto Varela: la recogida de firmas y la creación de comités ciudadanos para llevar una demanda de cambios a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esa acción pacífica, organizada desde la sociedad civil, recibió como respuesta el aparato represivo del Estado, que optó por el secuestro, la condena draconiana y el encierro en distintas prisiones del país.
Su paso por Villa Marista, Kilo 8, Ariza, La Pendiente, Agüica, Guanajay y el Combinado del Este deja un mapa completo del sistema penitenciario cubano: celdas sin luz, agua escasa y de mala calidad, comida miserable, plagas, hacinamiento y castigos diseñados para quebrar a los presos. También describe un régimen de visitas restrictivo, correspondencia abierta y leída por las autoridades, y el uso de internos privilegiados para controlar al resto de la población penal con el aval de los militares.
El costo humano fue brutal. Iglesias relata familias partidas por la represión, viajes perdidos para ver a los suyos, visitas negadas y hasta trabas para acompañar a parientes enfermos. La prisión se convirtió en un mecanismo de castigo extendido a los seres queridos, una práctica que el régimen usa para aumentar la presión sobre el preso político y obligarlo a someterse.
También queda expuesta la fachada sanitaria del sistema carcelario. Según su testimonio, en prisión abundaban las pastillas intercambiadas como mercancía interna, los diagnósticos eran poco fiables y la atención médica real casi no existía. Entre humedad, aguas albañales, celdas superpobladas y maltratos cotidianos, la cárcel funcionó como una extensión de la represión estatal y no como un espacio de corrección o justicia.
En 2010 fue excarcelado y desterrado a España como parte de los acuerdos entre la Iglesia católica, el Gobierno español y el Estado cubano. Desde entonces ha seguido escribiendo y militando en el exilio, pero la persecución no terminó ahí: la Seguridad del Estado continuó vigilando a personas de su entorno y en 2020 le negó la entrada a Cuba, pese a que reclamaba ese derecho desde 2012.
Su frase final resume el caso con una claridad incómoda para el poder: ninguna persona debe estar presa por reclamar sus derechos. En Cuba, esa verdad sigue chocando contra un régimen que convierte la protesta pacífica en delito y usa las prisiones como herramienta política.
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