Una funcionaria de Aguas de La Habana terminó pagando este martes 200.000 pesos cubanos al periodista Vladimir Turró, de Cubanet, por el teléfono que le rompió durante un forcejeo mientras él denunciaba el desvío de pipas de agua en la capital. El dinero fue entregado en la estación de policía del Capri, en Arroyo Naranjo, después de que el reportero fuera citado allí en la mañana.
El caso llama la atención por lo poco habitual que resulta en Cuba que una agresión contra un periodista independiente concluya con una compensación económica y no con más hostigamiento oficial. Turró había acudido a la unidad con la expectativa de enfrentar otra maniobra de presión, algo que, según dijo, ha vivido en repetidas ocasiones por su trabajo periodístico. Esta vez, sin embargo, le informaron que la funcionaria señalada por romperle el celular comparecería para pagarle el daño.
El propio periodista contó que la mujer llegó cerca de las 11 de la mañana con el efectivo y que una oficial le pidió contarlo dentro de la estación. Después de entregar el dinero, la funcionaria se retiró. El episodio se produce tras la denuncia que Turró hizo sobre el desvío de pipas de agua destinadas a la población, un problema que toca de frente a miles de familias cubanas obligadas a sobrevivir entre carencias, arbitrariedades y privilegios administrados por el aparato estatal.
El reportero también relató que, ya dentro de la estación, un teniente coronel de la Policía le preguntó por el teléfono roto y por las publicaciones que Cubanet había difundido sobre su presencia allí. En ese intercambio, el oficial quiso saber si pensaba acusar formalmente a la funcionaria de corrupción. Turró respondió que no tenía pruebas suficientes para sostener una denuncia legal en ese momento, aunque los exhortó a investigar.
La advertencia no tardó en aparecer. Según su testimonio, el oficial le dijo que podría enfrentar una acusación por difamación si la funcionaria decidía actuar contra él. Esa respuesta deja claro el terreno en que se mueve el periodismo independiente en Cuba: incluso cuando una agresión termina en pago, el poder policial sigue marcando la pauta y dejando abierta la amenaza contra quien denuncia.
El hecho ocurre además en medio de una presión creciente sobre voces críticas dentro de la isla. En días recientes, la joven habanera Rocío Sanz Rodríguez denunció que fue citada por la Policía luego de publicar comentarios críticos sobre la situación del país. También la periodista independiente Camila Acosta permanecía bajo vigilancia en su casa, con una patrulla apostada afuera y un agente de la Seguridad del Estado en motocicleta para impedirle salir.
A eso se suman los casos de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual El4tico, acusados bajo los presuntos delitos de “propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir”. El patrón es el mismo: cuando la denuncia toca al régimen o a sus funcionarios, la respuesta suele ser vigilancia, citaciones, amenazas y procesos armados para castigar la protesta o el periodismo.
Por eso este pago, aunque inusual, no borra la esencia del caso. Revela una administración pública habituada al abuso y a la impunidad, pero también una presión ciudadana y mediática que obliga, a veces, a que el agravio quede expuesto. En Cuba, donde el régimen protege a sus cuadros y persigue a sus críticos, que una funcionaria pague por romper un teléfono ya dice bastante sobre la magnitud del atropello y sobre el costo cotidiano de ejercer periodismo independiente.
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