El régimen cubano anunció que liberará a 51 personas de sus prisiones en los próximos días, una medida presentada como un gesto de buena voluntad y amparada en sus vínculos con el Vaticano. El anuncio llegó desde La Habana, sin nombres ni lista pública de beneficiados, y dejó abierta la duda central: cuántos de esos reclusos son presos políticos y cuántos responden a otra lógica de canje o conveniencia del poder.
La opacidad no es un detalle menor. El Ministerio de Asuntos Exteriores solo afirmó que los seleccionados han cumplido una parte importante de su condena y han mantenido buena conducta. En un país donde el control penitenciario depende por completo del aparato estatal, ese lenguaje sirve para vestir de generosidad una decisión que el régimen administra a su antojo, sin transparencia y sin reconocer el daño que causa con su sistema de castigo.
El anuncio tomó más fuerza porque apareció pocas horas antes de una intervención pública prevista de Miguel Díaz-Canel, en otra de esas comparecencias cerradas y calculadas que la cúpula usa para ordenar el relato interno. La secuencia confirma el estilo político de La Habana: mover piezas sensibles, controlar los tiempos y envolver en propaganda cualquier decisión que toque el tema de los presos.
El historial reciente también pesa. En enero de 2025, Cuba liberó al disidente José Daniel Ferrer como parte de una decisión más amplia vinculada a conversaciones con el Vaticano. Ferrer terminó saliendo del país en octubre pasado y hoy está en Estados Unidos. Ese antecedente dejó claro que el régimen usa las excarcelaciones como herramienta política, no como reconocimiento de derechos ni como corrección de abusos.
El dato de fondo sigue siendo el mismo: no se sabe si entre los 51 liberados habrá presos políticos. La organización Prisoners Defenders situó en 1.214 la cifra de presos políticos en Cuba en febrero de 2026, una foto que desmonta cualquier intento oficial de vender estas liberaciones como una señal de apertura. Mientras esa cifra exista, cada anuncio de indulto parcial seguirá oliendo a maniobra, no a justicia.
La propia cuenta que dio el gobierno agrava la lectura. Dijo haber concedido 9.905 indultos desde 2010 y que en los últimos tres años otras 10.000 personas condenadas fueron liberadas. En un país donde la cárcel forma parte del mecanismo de control social, esas cifras no borran el problema: lo subrayan. El régimen mantiene la llave de la prisión como instrumento político y luego intenta presentar como gesto humanitario lo que muchas veces responde a cálculo, presión o negociación externa.
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