La suspensión temporal de Revolución Ciudadana sacudió la política ecuatoriana y desató una acusación frontal de persecución política contra el Tribunal Contencioso Electoral. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, defendió al movimiento de Rafael Correa y advirtió que la medida lo aparta de la competencia justo cuando el país ya ha puesto en marcha el proceso para las elecciones locales de 2027.
El tribunal dispuso la sanción por nueve meses el viernes pasado, luego de aceptar un pedido de la Fiscalía dentro del caso conocido como Caja Chica. La investigación gira en torno a un presunto lavado de dinero relacionado con un supuesto financiamiento de la campaña presidencial de 2023 con fondos aparentemente procedentes de Venezuela. La decisión golpea a la principal fuerza de oposición al Gobierno de Daniel Noboa y abre una nueva disputa sobre el uso de la justicia electoral como herramienta de exclusión política.
Muñoz fue directo: dijo que proscribir la participación democrática de Revolución Ciudadana “no tiene otro nombre” que persecución política. También aseguró que la medida representa una violentación del marco democrático y planteó que cualquier fuerza excluida por esa vía debería recibir la misma defensa, incluso si se tratara del oficialismo. Su postura pone el dedo en una herida conocida en América Latina: cuando un poder judicial entra a cerrar el paso a una oposición incómoda, el voto pierde terreno y la competencia queda torpedeada antes de llegar a las urnas.
El caso ha escalado con allanamientos a la sede de RC y a la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González. A eso se suma la declaración de Santiago Díaz, exintegrante del movimiento, quien aseguró sin pruebas haber trasladado dinero desde Venezuela por orden de Correa. Díaz fue expulsado de la organización tras ser acusado de violación a una menor y permanece en prisión preventiva. Ese conjunto de denuncias, choques internos y acciones judiciales ha dejado el expediente con un fuerte contenido político además de penal.
La suspensión llega a menos de un año de las elecciones locales previstas para el 14 de febrero de 2027, con el Consejo Nacional Electoral ya en marcha. En ese clima, Muñoz no descarta volver a postularse a la Alcaldía de Quito, aunque reconoce que hoy la administración pública en Ecuador se ha convertido en “el deporte de más alto riesgo”. Su advertencia resume el ambiente que rodea al caso: ejercer poder, competir o incluso defender una posición política se ha vuelto más incierto bajo la presión judicial.
La RC anunció que activará todos los mecanismos legales disponibles, incluidas gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para intentar revertir la suspensión cautelar. El golpe, por ahora, deja una señal incómoda para el sistema político ecuatoriano y para toda la región: cuando la justicia se usa para decidir quién participa y quién queda fuera, la democracia se vacía desde dentro.
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