Prisoners Defenders confirmó la excarcelación de 13 presos políticos en Cuba, después del anuncio del régimen sobre 51 liberaciones vinculadas a un acuerdo con el Vaticano. La confirmación revela otra vez cómo La Habana administra la libertad de los presos con reserva, cálculo político y sin claridad para las familias ni para las organizaciones que siguen estos casos.
Entre los liberados figuran Ibrahín Ariel González Hodelín, Ariel Pérez Montesino, Juan Pablo Martínez Monterrey, Ronald García Sánchez, Adael Jesús Leyva Díaz, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, José Luis Sánchez Tito, Roberto Ferrer Gener, Yussuán Villalba Sierra, Eduardo Álvarez Rigal, Wilmer Moreno Suárez, Frank Aldama Rodríguez y Miguel Enrique Girón Velázquez. Sus condenas iban desde nueve hasta 18 años, en penales como Mar Verde, Guanajay, Ceiba 5, Toledo 2, el Combinado del Este, La Lima y La Aguada.
El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que 51 presos serían excarcelados, pero dejó sin precisar cuántos eran políticos y cuántos comunes. Esa omisión no es menor. En un país donde el régimen usa la cárcel como herramienta de presión y castigo, la falta de transparencia convierte cada anuncio en una operación cerrada, sin garantías públicas y sin control real sobre lo que ocurre detrás de los muros.
Justicia 11J advirtió sobre ese mismo punto. La organización, que da seguimiento a los detenidos por las protestas del 11 de julio de 2021, alertó sobre los riesgos de procesos opacos, selectivos y condicionales. Su denuncia apunta al corazón del problema: una liberación parcial alivia a algunas familias, pero no borra la política represiva que mantiene a cientos de cubanos presos por motivos políticos.
Las organizaciones de derechos humanos sitúan entre 700 y 1,200 la cifra de personas encarceladas en Cuba por razones políticas. En ese marco, la excarcelación de 13 presos deja alivio en hogares concretos, pero también vuelve a mostrar la dimensión de una represión que sigue dependiendo de decisiones cerradas del régimen y no de una justicia mínima o de garantías para los ciudadanos.
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