Miguel Díaz-Canel terminó admitiendo este viernes que el régimen cubano mantiene conversaciones con representantes de Estados Unidos, una admisión que llega después de semanas de negaciones públicas y en medio de una crisis energética que sigue desarmando la vida diaria en la isla. La comparecencia, hecha ante la prensa oficialista, dejó al descubierto otra vez la distancia entre el discurso del poder y la realidad que ya carga la población.
La confesión no vino sola. El gobernante habló de apagones prolongados, falta de combustible, parálisis productiva, transporte limitado y presiones sociales que ya desbordan la propaganda oficial. Lo hizo mientras intentaba vender como avances las mismas medidas improvisadas que el país arrastra de emergencia en emergencia, sin dar señales de que exista una salida seria al colapso energético.
Sobre Washington, Díaz-Canel confirmó contactos preliminares y discretos, apoyados por actores internacionales y bajo los principios de igualdad, soberanía y reciprocidad. El giro es evidente porque el propio gobernante había negado en enero que existieran negociaciones, y en febrero el viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, insistió en que ese diálogo no había comenzado. El régimen volvió a dejar en ridículo su versión oficial.
La comparecencia también sirvió para trasladar culpas. Díaz-Canel responsabilizó a Estados Unidos por la crisis energética y habló de un “bloqueo energético”, mientras reconocía que hace tres meses no entra combustible al país. Admitió que la generación eléctrica depende del crudo nacional, las termoeléctricas y algunas fuentes renovables, pero ese parche no cambia el fondo: Cuba sigue pagando apagones de más de 30 horas en algunos territorios, con un costo directo sobre el trabajo, el transporte y la vida familiar.
En medio de ese panorama, el gobernante intentó presentar como logros el Programa de Gobierno y la inversión en parques fotovoltaicos, movilidad eléctrica y ensamblaje local. También anunció la llegada de 400 autos eléctricos, de los cuales los primeros 100 irían al traslado de pacientes con hemodiálisis. La escena dice más de la crisis que de la solución: un Estado obligado a celebrar medidas de supervivencia mientras el país se hunde por la falta de combustible y de capacidad de gestión.
La educación y el empleo aparecieron como daños colaterales del mismo colapso. Díaz-Canel habló de reubicación de trabajadores, protección salarial y un modelo semipresencial para sostener el curso escolar, señales de un país que ya no puede funcionar con normalidad. La semiparálisis se ha vuelto rutina, y el régimen la presenta como flexibilidad cuando en realidad responde al derrumbe de su propia estructura económica.
También anunció nuevas medidas para facilitar la participación de los cubanos residentes en el exterior en la economía nacional, una apertura que el régimen ha administrado durante años con ambivalencia y burocracia. El mensaje busca atraer recursos y legitimidad desde fuera, pero llega tarde y en medio de un modelo que castiga a la diáspora cuando necesita de ella y la usa cuando le conviene.
Otro punto de la comparecencia fue la defensa del sistema de donaciones. Díaz-Canel aseguró que el Estado no obtiene provecho económico de esas ayudas, aunque la experiencia reciente ha dejado demasiadas dudas sobre esa narrativa. El régimen insiste en presentarse como administrador ético de la asistencia internacional, pero su historial de control, opacidad y manipulación hace difícil creerle.
La pieza más política, sin embargo, fue la que giró alrededor del supuesto intento de infiltración armada y la liberación de 51 personas. En ambos casos, Díaz-Canel repitió el libreto de la soberanía y la humanización del sistema, al tiempo que reforzaba la imagen de una Cuba asediada desde el exterior. Ese relato le sirve al poder para esconder el desgaste interno, la pérdida de credibilidad y el costo humano de una crisis que ya no puede maquillar.
La admisión de contactos con Estados Unidos deja una verdad clara: el régimen sigue obligado a negociar mientras niega, a improvisar mientras colapsa y a pedir paciencia mientras el país se apaga. La comparecencia no ordenó el relato oficial; lo desnudó. Y mostró otra vez a un poder que pretende controlar la narrativa, pero ya no controla ni el combustible, ni la luz, ni la confianza de los cubanos.
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