Silvio de la Caridad Quintana Martínez y Ángel Baldomero Quintana Martínez siguen bajo arresto en la 4ª unidad policial de La Habana después de una protesta pacífica en el Cerro que terminó convertida por el régimen en un caso penal. La familia denuncia que los acusan de desórdenes públicos e investigan a ambos por vandalismo, mientras otras personas detenidas por la misma manifestación ya fueron liberadas.
La protesta ocurrió el martes 10 de marzo en la calle Zaldo, entre Línea del Ferrocarril y Pereira, y surgió por el mismo desespero que se repite en toda la isla: falta de luz, agua, gas y comida. Los vecinos se expresaron de forma verbal, sin violencia, hasta que una piedra lanzada desde un punto que nadie ha podido precisar golpeó a una vecina. Ese hecho le bastó a la policía para montar una investigación más dura y mantener presos a los dos hermanos.
Yesenia Nimo Martínez, residente en España y hermana de los detenidos, dijo que las autoridades han “inflado toda la investigación” y manipulado el caso. Su testimonio coincide con el de un familiar en La Habana y con otra testigo que confirmó la secuencia de los hechos. Aun así, el aparato policial salió al barrio al día siguiente, detuvo con violencia a una decena de manifestantes y luego aprehendió a otra persona más el viernes.
El sábado soltaron a ocho de los once arrestados, pero los Quintana Martínez quedaron tras las rejas. La policía sostiene que la pedrada iba dirigida al jefe de la 4ª estación, que estaba en el lugar durante la protesta. Esa versión oficial deja claro el libreto de siempre: una manifestación pacífica por carencias elementales termina tratada como delito político, con la maquinaria represiva buscando un culpable útil.
La denuncia familiar va más lejos y apunta a maltratos dentro de la unidad policial para forzarlos a declararse responsables del supuesto vandalismo. Yesenia Nimo Martínez asegura que los están golpeando y presionando psicológicamente. También informó que Silvio, quien padece trastornos mentales, se hizo una herida en la muñeca bajo coacción de los mandos policiales.
Después de ser llevado a un hospital por reclamo de los recluidos y de sus propios familiares, una médica recomendó que debía quedar bajo vigilancia y ser atendido por un psiquiatra forense. El consejo fue ignorado. Desde entonces, la familia reporta que le niegan comida y que salió del hospital visiblemente deteriorado, al punto de que su hermana lo describió como alguien que “parece un cadáver”.
El caso retrata con crudeza cómo responde el régimen cuando la gente protesta por hambre, apagones y abandono: arrestos, investigación penal, golpes y presión dentro de una estación policial. La calle habla de sobrevivencia; el poder responde con castigo.
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