La Fiscal\u00eda del r\u00e9gimen cubano pidi\u00f3 sanciones de hasta nueve a\u00f1os de c\u00e1rcel contra ciudadanos que salieron a protestar pac\u00edficamente por los apagones en Encrucijada, Villa Clara. La denuncia fue realizada por Cubalex, organizaci\u00f3n de derechos humanos que tuvo acceso a las conclusiones provisionales firmadas por el fiscal Ayrebi Miranda P\u00e9rez.<\/p>\n
El expediente confirma la l\u00f3gica represiva con que la dictadura responde al descontento social: convertir una protesta por electricidad en una causa penal. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los manifestantes habr\u00edan aprovechado \u201cla falta de electricidad provocada por la crisis energ\u00e9tica para perturbar la tranquilidad ciudadana\u201d mediante toques de calderos y consignas. La frase retrata el fondo del caso: para el aparato judicial castrista, reclamar corriente en medio de apagones prolongados puede recibir trato de delito.<\/p>\n
Las seis personas imputadas por \u201cdes\u00f3rdenes p\u00fablicos\u201d participaron el 7 de noviembre de 2024 en una manifestaci\u00f3n contra la falta de servicio el\u00e9ctrico. Durante la protesta se escucharon reclamos directos como \u201c\u00a1Pongan la corriente!\u201d y \u201c\u00a1Queremos corriente!\u201d, acompa\u00f1ados por cacerolazos. En la informaci\u00f3n denunciada por Cubalex no aparecen actos vand\u00e1licos, violencia f\u00edsica ni da\u00f1os a la propiedad.<\/p>\n
Aun as\u00ed, la Fiscal\u00eda intenta presentar esas acciones como una alteraci\u00f3n masiva del orden p\u00fablico. Para Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera, el r\u00e9gimen solicita nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n. Contra Jos\u00e9 Gabriel Barrenechea Ch\u00e1vez pide seis a\u00f1os. Para Rodel B\u00e1rbaro Rodr\u00edguez Espinosa reclama cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel, mientras que para Yuniesky Lorences Dom\u00ednguez solicita cuatro a\u00f1os. En el caso de Marcos Daniel D\u00edaz Rodr\u00edguez, la petici\u00f3n es de cinco a\u00f1os de limitaci\u00f3n de libertad.<\/p>\n
La desproporci\u00f3n de las sanciones coloca el caso de Encrucijada dentro del patr\u00f3n de represi\u00f3n judicial que el castrismo utiliza para escarmentar a quienes se atreven a protestar. El delito real que persigue el r\u00e9gimen es la desobediencia p\u00fablica de ciudadanos comunes, cansados de vivir a oscuras y sin respuestas. La acusaci\u00f3n busca disciplinar a una comunidad entera con el castigo ejemplarizante de seis vecinos.<\/p>\n
El expediente contra Jos\u00e9 Gabriel Barrenechea Ch\u00e1vez expone adem\u00e1s el uso pol\u00edtico de valoraciones morales y personales dentro de una causa penal. La Fiscal\u00eda lo acusa de haber instado a las personas a no retirarse del lugar, y a\u00f1ade se\u00f1alamientos sobre su \u201crelaci\u00f3n con personas de mala moralidad\u201d, su \u201cconducta en redes sociales\u201d y un supuesto \u201ctotal desprecio por las normas de convivencia\u201d. Esas formulaciones, lejos de probar violencia, muestran una persecuci\u00f3n basada en criterios ideol\u00f3gicos y de control social.<\/p>\n
El r\u00e9gimen no castiga \u00fanicamente el momento de la protesta. Tambi\u00e9n intenta construir un perfil de culpabilidad alrededor de la conducta p\u00fablica, las relaciones personales y la expresi\u00f3n en redes. Ese mecanismo permite convertir la inconformidad ciudadana en expediente judicial, y presentar como amenaza pol\u00edtica lo que fue un reclamo elemental por electricidad.<\/p>\n
Cubalex denunci\u00f3 que las supuestas pruebas presentadas por la Fiscal\u00eda no demuestran violencia, sino el ejercicio leg\u00edtimo del derecho a la protesta. La organizaci\u00f3n afirm\u00f3 que \u201cexigir una vida digna no es un crimen\u201d y calific\u00f3 el proceso como una violaci\u00f3n flagrante de los derechos humanos.<\/p>\n
El caso no se limita a los seis acusados. La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la situaci\u00f3n de Andy P\u00e9rez Medero y Rasiel C\u00e1rdenas P\u00e9rez, detenidos en la comunidad de El Purio tras protestas similares. Ambos contin\u00faan encarcelados sin que exista contra ellos una petici\u00f3n fiscal, seg\u00fan la denuncia. Esa permanencia en prisi\u00f3n sin avance procesal funciona como castigo anticipado y como mensaje de intimidaci\u00f3n para quienes padecen la misma crisis.<\/p>\n
Otro nombre se\u00f1alado por Cubalex es el del activista Alejandro Morales Pereira, arrestado meses despu\u00e9s de los hechos tras exigir la liberaci\u00f3n de los manifestantes. La organizaci\u00f3n alert\u00f3 que su situaci\u00f3n es cr\u00edtica y que su vida corre peligro en prisi\u00f3n. La represi\u00f3n se extiende as\u00ed desde quienes protestaron hasta quienes reclaman justicia para los detenidos.<\/p>\n
Encrucijada refleja el m\u00e9todo habitual de la dictadura ante la crisis energ\u00e9tica y social: negar responsabilidad, perseguir el reclamo y usar los tribunales como brazo de control pol\u00edtico. Los apagones empujaron a los ciudadanos a la calle; el r\u00e9gimen respondi\u00f3 con c\u00e1rcel, acusaciones fabricadas y un expediente que intenta convertir calderos y consignas en amenaza al orden p\u00fablico.<\/p>\n
La petici\u00f3n fiscal contra los manifestantes de Villa Clara confirma que en Cuba la protesta pac\u00edfica sigue bajo persecuci\u00f3n penal. La exigencia de corriente, hecha por ciudadanos sin armas y sin da\u00f1os reportados, termin\u00f3 convertida en un proceso que puede arrebatar a\u00f1os de vida. Esa es la justicia del castrismo: dura con el pueblo que reclama y servil ante el poder que lo mantiene a oscuras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"