La Ley 181\/2025, aprobada por la Asamblea Nacional para ordenar el Presupuesto del Estado en 2026, confirma una salida conocida en Cuba: m\u00e1s presi\u00f3n fiscal sobre la econom\u00eda viva y m\u00e1s margen de maniobra para el aparato estatal. El texto fija ingresos brutos por 484,120.6 millones de pesos y admite un d\u00e9ficit fiscal m\u00e1ximo de 74,500 millones, una brecha que el r\u00e9gimen pretende tapar con un sistema tributario m\u00e1s duro y m\u00e1s discrecional.<\/p>\n
El esquema descansa en 22 tributos y proyecta 349,429.9 millones de pesos en ingresos tributarios, adem\u00e1s de 134,690.7 millones por v\u00edas no tributarias. En un pa\u00eds marcado por inflaci\u00f3n, ca\u00edda productiva y empuje del sector no estatal, la carga recae sobre quienes producen, venden, transportan y sostienen buena parte del consumo cotidiano mientras el Estado conserva el control de las reglas.<\/p>\n
La ley mantiene una tasa general del 35 % sobre utilidades, v\u00e1lida tambi\u00e9n para proyectos de desarrollo local. En el impuesto sobre ingresos personales, la escala progresiva sube hasta 50 % para quienes superen el mill\u00f3n de pesos anuales, un umbral que en el contexto actual puede alcanzarse con actividades de facturaci\u00f3n media. Los productores agropecuarios individuales quedan sujetos a una retenci\u00f3n fija del 2 %.<\/p>\n
En consumo y ventas, el texto ratifica un 15 % como tasa general para ventas minoristas y servicios, incluidas las mipymes y cooperativas no agropecuarias. A eso se suma un gravamen espec\u00edfico del 5 % sobre los servicios de telecomunicaciones prestados por Etecsa, otro golpe a un servicio que ya opera bajo las distorsiones del monopolio estatal.<\/p>\n
Las contribuciones a la seguridad social tambi\u00e9n sostienen una presi\u00f3n fuerte. Los empleadores pagan 14 %, de los cuales el 12.5 % va al Presupuesto del Estado, mientras los trabajadores aportan 5 % hasta 15,000 pesos mensuales y 10 % sobre el exceso. El propio dise\u00f1o muestra un modelo fiscal que exprime salarios, actividad privada y cualquier espacio econ\u00f3mico fuera del control directo del r\u00e9gimen.<\/p>\n
A ello se agregan la contribuci\u00f3n territorial para el desarrollo local, del 1 % sobre ingresos brutos; el impuesto por utilizaci\u00f3n de la fuerza de trabajo, del 5 %; y los grav\u00e1menes por ociosidad de tierras, que oscilan entre 225 y 900 pesos por hect\u00e1rea seg\u00fan la categor\u00eda. La ley carga sobre la producci\u00f3n y premia la dependencia, como si la crisis fiscal pudiera resolverse castigando al que intenta sostener una actividad propia.<\/p>\n
El punto m\u00e1s delicado aparece en la discrecionalidad que la norma entrega al ministro de Finanzas y Precios. Varios art\u00edculos le permiten redistribuir gastos, ajustar presupuestos durante el a\u00f1o y decidir qu\u00e9 bienes o servicios quedan sujetos al impuesto especial, sin volver a la Asamblea Nacional. En la pr\u00e1ctica, el ministro queda con una llave abierta para mover la recaudaci\u00f3n a conveniencia del poder.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hay un vac\u00edo grave en el anexo sobre el impuesto al transporte terrestre. La ley divide las cuant\u00edas entre un \u201cGrupo 1\u201d y un \u201cGrupo 2\u201d, pero no define con claridad qu\u00e9 sujetos integran cada categor\u00eda. Esa omisi\u00f3n deja margen para la arbitrariedad y dificulta cualquier fiscalizaci\u00f3n ciudadana en un sistema donde la transparencia sigue siendo una promesa incumplida.<\/p>\n
La asimetr\u00eda entre ambos grupos es brutal. Para todas las categor\u00edas de veh\u00edculos, el monto exigido al Grupo 2 es 25 veces superior al del Grupo 1. Una motocicleta paga 110 pesos en el primer grupo y 2,750 en el segundo; un autom\u00f3vil de hasta cinco asientos tributa 260 frente a 6,500; y un cami\u00f3n o \u00f3mnibus salta de 450 a 11,250 pesos. Incluso la tracci\u00f3n animal destinada al transporte p\u00fablico repite el mismo multiplicador.<\/p>\n
En la carga pesada, la diferencia se vuelve todav\u00eda m\u00e1s agresiva: el Grupo 1 paga una base de 1,000 pesos m\u00e1s 75 por tonelada adicional, mientras el Grupo 2 enfrenta 25,000 pesos m\u00e1s 1,875 por tonelada o fracci\u00f3n. La \u00fanica exenci\u00f3n total alcanza a ambulancias, funerarias e instituciones humanitarias. El mensaje fiscal es claro: el Estado descarga la factura sobre el sector privado y conserva intacto su poder de decisi\u00f3n.<\/p>\n
La ley tambi\u00e9n guarda silencios calculados sobre las operaciones en moneda libremente convertible. El art\u00edculo 64 autoriza al ministro a realizar adecuaciones tributarias vinculadas a esas operaciones, pero no fija mecanismos de captaci\u00f3n ni una tasa de cambio de referencia. En un pa\u00eds donde las divisas marcan cada vez m\u00e1s la supervivencia econ\u00f3mica, esa opacidad abre otra zona de arbitrariedad.<\/p>\n
En contraste, el texto suspende para 2026 los impuestos sobre la propiedad de viviendas, solares y tierras agr\u00edcolas. Esa medida apunta a contener tensiones sociales sobre el patrimonio b\u00e1sico en medio de la crisis, pero no altera el fondo del problema: un presupuesto que se sostiene sobre m\u00e1s cobro, menos certezas y una administraci\u00f3n cada vez m\u00e1s concentrada en manos del r\u00e9gimen.<\/p>\n
La Ley 181\/2025 consolida as\u00ed un modelo fiscal m\u00e1s agresivo, dise\u00f1ado para exprimir al sector no estatal y blindar la discrecionalidad del poder. Mientras el pa\u00eds arrastra inflaci\u00f3n, ca\u00edda productiva y escasez, el Estado responde con m\u00e1s tributos, m\u00e1s control y menos transparencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"