Un tribunal cubano reparti\u00f3 34 a\u00f1os de c\u00e1rcel entre seis cubanos que salieron a protestar pac\u00edficamente por los apagones que castigan a la isla. La condena, dictada por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, vuelve a mostrar c\u00f3mo el r\u00e9gimen responde con castigo penal a una expresi\u00f3n elemental de descontento ciudadano.<\/p>\n
Entre los sentenciados figura el intelectual y periodista independiente Jos\u00e9 Gabriel Barrenechea, condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por des\u00f3rdenes p\u00fablicos. El fallo, que todav\u00eda no es firme, recoge la inconformidad de las defensas con la sentencia y deja claro que las penas impuestas van de tres a ocho a\u00f1os para los seis acusados. En Cuba, adem\u00e1s, todos los abogados dependen de bufetes estatales, una pieza m\u00e1s del control que ejerce el aparato oficial sobre cualquier litigio sensible.<\/p>\n
La sentencia describe que los hombres acudieron el 7 de noviembre a la sede del Partido Comunista en Encrucijada para reclamar electricidad. El propio documento solo recoge como grito principal \u00ab\u00a1Queremos corriente!\u00bb. En sus diez p\u00e1ginas no aparecen insultos contra las autoridades ni hechos de violencia. Aun as\u00ed, el tribunal sostuvo que la protesta buscaba \u00abdesestabilizar el orden c\u00edvico\u00bb y generar \u00abinseguridad entre la poblaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
El fallo tambi\u00e9n afirma que algunos de los condenados llamaron a m\u00e1s vecinos a sumarse y que otros golpearon objetos met\u00e1licos, identificados como calderos. Seg\u00fan la versi\u00f3n judicial, la movilizaci\u00f3n lleg\u00f3 a reunir a unos 300 residentes y termin\u00f3 entorpeciendo el tr\u00e1fico. Las autoridades locales, siempre seg\u00fan la sentencia, explicaron las razones del corte el\u00e9ctrico, pero los acusados no abandonaron la protesta.<\/p>\n
La represi\u00f3n del caso golpea de frente el derecho a protestar y convierte una demanda social b\u00e1sica en delito. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunci\u00f3 que la sentencia viola la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n, mientras Amnist\u00eda Internacional sostuvo que nadie deber\u00eda ir a prisi\u00f3n por ejercer sus derechos humanos.<\/p>\n
Los seis condenados son varones de entre 26 y 53 a\u00f1os sin antecedentes penales. Cinco permanec\u00edan en prisi\u00f3n provisional desde pocos d\u00edas despu\u00e9s de los hechos. Barrenechea, adem\u00e1s, no pudo salir de la c\u00e1rcel ni siquiera cuando su madre estaba gravemente enferma, y solo le permitieron asistir despu\u00e9s al funeral. El ensa\u00f1amiento del r\u00e9gimen con ese caso retrata el costo humano de la represi\u00f3n.<\/p>\n
La condena llega en medio de una crisis energ\u00e9tica que el r\u00e9gimen no ha logrado resolver. Las viejas termoel\u00e9ctricas fallan con frecuencia y el pa\u00eds no tiene divisas para importar suficiente combustible. Los apagones, que en muchas zonas alcanzan hasta 20 horas diarias, paralizan la econom\u00eda y desquician la vida familiar. Tambi\u00e9n siguen siendo un detonante de protesta en una isla donde reclamar electricidad basta para terminar en un tribunal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"