El r\u00e9gimen cubano meti\u00f3 en la Gaceta Oficial una nueva carga contra los bolsillos de una poblaci\u00f3n ya castigada por salarios miserables, inflaci\u00f3n y escasez: quienes reciban viviendas estatales podr\u00e1n pagar hasta el 20% de sus ingresos durante un plazo que puede llegar a 30 a\u00f1os. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2025 y publicada de forma oficial el 4 de febrero de 2026, aterriza sobre un pa\u00eds donde conseguir techo digno sigue siendo una carrera de resistencia.<\/p>\n
La norma abre la puerta a que las viviendas construidas por el Estado, o las que queden disponibles en manos de los gobiernos municipales, se asignen en propiedad, arrendamiento o usufructo. Todo queda atado a la \u201ccapacidad de pago\u201d del beneficiario y al orden de prioridad establecido por la propia maquinaria burocr\u00e1tica del sistema. En un pa\u00eds donde la crisis habitacional arrastra a miles de familias entre derrumbes, albergues y casas en ruinas, el discurso oficial vuelve a colocar el acceso a la vivienda bajo la l\u00f3gica del cobro, la espera y el control.<\/p>\n
En los casos de propiedad, el pago se har\u00e1 en cuotas mensuales que no superen el 20% del salario del titular. El plazo puede alargarse hasta tres d\u00e9cadas, en dependencia de la edad y la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del beneficiario. El texto tambi\u00e9n deja claro que el adelanto de pagos ser\u00e1 posible, pero advierte que el incumplimiento \u201cinjustificado\u201d se resolver\u00e1 seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente, una f\u00f3rmula que abre la puerta a sanciones y a la p\u00e9rdida del derecho sobre la casa.<\/p>\n
Para quienes ni siquiera puedan soportar ese descuento, el r\u00e9gimen contempla el arrendamiento con un pago equivalente al 10% del salario, siempre que el 20% resulte imposible sin \u201csacrificar necesidades b\u00e1sicas\u201d. Y en los casos m\u00e1s duros, la entrega se har\u00e1 en usufructo, una figura que no concede propiedad y que se reserva para quienes no puedan asumir \u201cninguna deducci\u00f3n\u201d de sus ingresos. Si m\u00e1s adelante mejoran sus ingresos, podr\u00e1n pedir un cambio de estatus y pasar a un esquema de compra, descontando lo ya abonado.<\/p>\n
La decisi\u00f3n llega en medio del colapso del fondo habitacional cubano. El d\u00e9ficit sigue cerca del mill\u00f3n de viviendas, con cientos de miles por construir o rehabilitar, mientras los derrumbes se repiten en La Habana y en otras provincias como parte de la rutina nacional. El propio r\u00e9gimen ha admitido la gravedad del problema, pero su respuesta vuelve a cargar sobre la poblaci\u00f3n el peso de una crisis que el Estado ha sido incapaz de resolver.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se enlaza con regulaciones previas sobre las llamadas viviendas vinculadas a centros laborales estatales. En esos casos, la transferencia de la propiedad exige haber pagado 180 mensualidades, equivalentes a 15 a\u00f1os, adem\u00e1s de cumplir requisitos laborales y legales. Ahora el marco se extiende a las viviendas estatales en general y fija plazos todav\u00eda m\u00e1s largos, una condena financiera en un pa\u00eds donde el salario oficial apenas alcanza para sobrevivir unos d\u00edas.<\/p>\n
El Gobierno presenta la medida como una flexibilizaci\u00f3n, pero en realidad consolida otra barrera para el cubano com\u00fan. Con sueldos hundidos, dependencia de remesas y un mercado informal que sostiene a gran parte de los hogares, pagar una casa estatal durante 30 a\u00f1os suena m\u00e1s a una trampa que a una soluci\u00f3n. El r\u00e9gimen sigue administrando la escasez como si fuera pol\u00edtica p\u00fablica y convierte el derecho a vivir bajo techo en otra factura imposible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"