Mar\u00eda Emilia Savigne Borjas pidi\u00f3 ayuda antes de morir, pero el r\u00e9gimen no la protegi\u00f3. La mujer de 38 a\u00f1os fue atacada el 23 de mayo de 2024 por su expareja en Santiago de Cuba y falleci\u00f3 al d\u00eda siguiente en el Hospital Militar Joaqu\u00edn Castillo Duany. Hab\u00eda denunciado antes a su agresor y, aun as\u00ed, las autoridades no actuaron con eficacia para impedir el crimen.<\/p>\n
Su caso resume una falla que ya se volvi\u00f3 rutina en la isla: mujeres que alertan sobre amenazas, ponen denuncias y terminan asesinadas por los mismos hombres que el Estado dej\u00f3 libres o sin control real. Mar\u00eda Emilia muri\u00f3 frente a su hijo peque\u00f1o y su pareja, en una escena que revela hasta qu\u00e9 punto la protecci\u00f3n oficial en Cuba es papel mojado cuando se trata de violencia machista.<\/p>\n
La historia de Roxana Donatien Celian, de 21 a\u00f1os, confirma ese patr\u00f3n. Fue asesinada el 2 de julio de 2025 en Juruquey, Camag\u00fcey, dentro de la vivienda que compart\u00eda con su agresor. La familia sab\u00eda que \u00e9l pod\u00eda ser violento y d\u00edas antes ella hab\u00eda acudido a la estaci\u00f3n de polic\u00eda, donde le impusieron una orden de alejamiento. La medida exist\u00eda, pero no bast\u00f3. La joven fue reportada como desaparecida durante varios d\u00edas hasta que las autoridades detuvieron al asesino y este confes\u00f3 d\u00f3nde estaba el cuerpo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n qued\u00f3 en esa lista Yuleidis S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, de 43 a\u00f1os, asesinada el 31 de diciembre de 2025 por un hombre con antecedentes de violencia machista. Hab\u00eda denunciado antes. El resultado fue el mismo. En Cuba, la denuncia no garantiza protecci\u00f3n, y el aparato estatal sigue sin responder con la seriedad que exige una amenaza de muerte.<\/p>\n
Las organizaciones Yo S\u00ed Te Creo en Cuba y el Observatorio de G\u00e9nero de Alas Tensas documentan que entre 2019 y 2025 al menos 66 mujeres v\u00edctimas de feminicidio hab\u00edan advertido antes sobre el riesgo que corr\u00edan. En ese mismo per\u00edodo, registraron 417 asesinatos por motivos de g\u00e9nero en la isla. El subregistro puede ser mayor porque el r\u00e9gimen sigue sin publicar datos oficiales confiables y mantiene cerradas las v\u00edas de informaci\u00f3n.<\/p>\n
Ese vac\u00edo no es menor. En Cuba no existe un reconocimiento penal claro del feminicidio ni protocolos eficaces de prevenci\u00f3n, refugios para mujeres en riesgo ni sistemas serios de seguimiento como tobilleras electr\u00f3nicas. Las v\u00edctimas, muchas veces, quedan obligadas a seguir viviendo cerca del agresor o a depender de familiares que tampoco cuentan con medios para protegerlas. La impunidad se alimenta de la precariedad y del abandono institucional.<\/p>\n
La situaci\u00f3n se agrava cuando la violencia ocurre dentro de espacios estatales. Entre 2019 y 2025, al menos diez mujeres fueron asesinadas en hospitales, estaciones policiales, escuelas, c\u00edrculos infantiles o centros laborales. Uno de los casos m\u00e1s brutales fue el de Leidy Bacallao Santana, una adolescente de 17 a\u00f1os que lleg\u00f3 a una unidad policial de Camalote, Camag\u00fcey, buscando resguardo porque su expareja la amenazaba de muerte. All\u00ed mismo fue alcanzada, sacada de la estaci\u00f3n y ultimada a machetazos.<\/p>\n
El padre de la joven denunci\u00f3 que los polic\u00edas la dejaron matar. El Ministerio del Interior termin\u00f3 reconociendo los hechos despu\u00e9s de que circularan denuncias independientes en redes sociales, una respuesta tard\u00eda y calculada que solo sirvi\u00f3 para cubrir la verg\u00fcenza institucional. Tres a\u00f1os despu\u00e9s, todav\u00eda no se conoce p\u00fablicamente el veredicto del juicio contra el agresor.<\/p>\n
Casos como ese demuestran que el problema no se limita al agresor directo. Cuando una mujer denuncia y no recibe protecci\u00f3n efectiva, falla el Estado. Cuando termina asesinada dentro de una estaci\u00f3n de polic\u00eda o en un hospital, la responsabilidad institucional es todav\u00eda m\u00e1s grave. Laritza Diversent, abogada de Cubalex, lo resume con claridad: las autoridades tienen la obligaci\u00f3n de investigar, aplicar medidas cautelares y actuar con diligencia, pero en la pr\u00e1ctica ni la polic\u00eda, ni la fiscal\u00eda, ni los tribunales est\u00e1n preparados para responder como deber\u00edan.<\/p>\n
Las plataformas feministas llevan a\u00f1os exigiendo una ley integral contra la violencia de g\u00e9nero, refugios, un sistema nacional de atenci\u00f3n y la tipificaci\u00f3n del feminicidio en el C\u00f3digo Penal. Tambi\u00e9n reclaman que se deje de criminalizar el trabajo de los observatorios independientes, que hoy operan bajo represi\u00f3n, apagones, internet m\u00e1s caro y un cerco informativo que dificulta cada verificaci\u00f3n.<\/p>\n
La deuda del r\u00e9gimen con las mujeres cubanas ya no cabe en discursos ni en simulacros institucionales. Mientras no existan protecci\u00f3n real, registros p\u00fablicos, medidas de prevenci\u00f3n y una respuesta legal seria, la violencia seguir\u00e1 entrando por la puerta de la casa, del trabajo, del hospital o de la propia polic\u00eda. Y cada una de esas muertes seguir\u00e1 se\u00f1alando al mismo responsable pol\u00edtico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"