La historiadora y opositora Alina B\u00e1rbara L\u00f3pez fue detenida otra vez en Matanzas cuando se dirig\u00eda al Parque de la Libertad para realizar una protesta, seg\u00fan denunci\u00f3 su hija, Cecilia Borroto L\u00f3pez. Junto a ella permanece retenido Leonardo Romero Negr\u00edn, sin que hasta ahora la polic\u00eda haya ofrecido una explicaci\u00f3n clara ni permitido contacto con su abogada.<\/p>\n
La nueva detenci\u00f3n confirma el patr\u00f3n de acoso que el r\u00e9gimen mantiene sobre una de las voces cr\u00edticas m\u00e1s visibles del pa\u00eds. Borroto inform\u00f3 en Facebook que la polic\u00eda se neg\u00f3 a dar informaci\u00f3n por tel\u00e9fono y que su madre no hab\u00eda podido llamar a la defensa, una violaci\u00f3n elemental de garant\u00edas que en Cuba se repite cada vez que el poder quiere aislar a un disidente y cortar cualquier reacci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
L\u00f3pez iba camino a una protesta que acostumbra a realizar cada d\u00eda 18 del mes, una rutina de denuncia que el aparato policial ha venido persiguiendo con presi\u00f3n, retenciones y procesos penales. La historiadora ya hab\u00eda denunciado haber sido golpeada y arrastrada por una cuneta durante su detenci\u00f3n del 18 de junio de 2024, cuando viajaba en taxi hacia La Habana junto a la acad\u00e9mica Jenny Pantoja para sumarse a una manifestaci\u00f3n.<\/p>\n
Ese episodio desat\u00f3 una ola de solidaridad dentro y fuera de Cuba. M\u00e1s de 220 escritores y artistas firmaron entonces una carta abierta contra la violencia policial, con nombres como Leonardo Padura, Fito P\u00e1ez y Fernando P\u00e9rez. La magnitud de ese respaldo dej\u00f3 expuesto el costo pol\u00edtico que tiene para el r\u00e9gimen perseguir a una intelectual por ejercer protesta c\u00edvica y exigir l\u00edmites al abuso estatal.<\/p>\n
La situaci\u00f3n judicial de L\u00f3pez tambi\u00e9n sigue abierta. El 30 de enero, el Tribunal Municipal Popular de Matanzas le comunic\u00f3 la suspensi\u00f3n sin fecha del juicio en su contra, un proceso en el que la Fiscal\u00eda le atribuye desobediencia, desacato y atentado por su \u00faltima detenci\u00f3n. Antes, en 2023, ya hab\u00eda sido multada por desobediencia y se neg\u00f3 a pagar la sanci\u00f3n.<\/p>\n
El expediente contra ella retrata con claridad el mecanismo represivo del castrismo: detenci\u00f3n arbitraria, incomunicaci\u00f3n, cargos penales y castigo administrativo para tratar de quebrar la protesta pac\u00edfica. La amenaza de una condena de hasta cuatro a\u00f1os de trabajo correccional sigue flotando sobre su caso, mientras el r\u00e9gimen conserva la facultad de frenar el juicio cuando le conviene y usarlo como instrumento de presi\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n
Prisoners Defenders, con sede en Madrid, calific\u00f3 el proceso como motivado por razones pol\u00edticas y sin garant\u00edas. La denuncia encaja con lo que ocurre una y otra vez en Cuba: el poder usa tribunales, comisar\u00edas y multas para disciplinar a quienes se salen del guion oficial, mientras intenta presentar como legal lo que en realidad funciona como castigo por disentir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"