El congresista Mario D\u00edaz-Balart afirm\u00f3 que existen pruebas suficientes, incluidas declaraciones y grabaciones, para sostener que Ra\u00fal Castro dio la orden de atacar las aeronaves derribadas el 24 de febrero de 1996, un hecho que dej\u00f3 cuatro muertos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses.<\/p>\n
La denuncia vuelve a colocar en el centro una de las p\u00e1ginas m\u00e1s oscuras del castrismo y reabre la exigencia de justicia sobre una acci\u00f3n que termin\u00f3 en muerte y que, seg\u00fan el legislador, no puede seguir escondida detr\u00e1s de la impunidad pol\u00edtica. Cuando un dirigente del Congreso estadounidense habla de pruebas y apunta directamente a la c\u00fapula del r\u00e9gimen, el asunto deja de ser una memoria lejana y se convierte en una acusaci\u00f3n que compromete a quienes tomaron decisiones desde el poder en La Habana.<\/p>\n
El caso tambi\u00e9n expone la l\u00f3gica con que el r\u00e9gimen ha administrado durante d\u00e9cadas sus actos de fuerza: silencio oficial, blindaje pol\u00edtico y ausencia de rendici\u00f3n de cuentas. La muerte de tres ciudadanos estadounidenses y de otra v\u00edctima en aquel ataque sigue marcando una deuda moral y judicial que no se borra con propaganda ni con la narrativa de h\u00e9roes y enemigos que el castrismo ha querido imponer alrededor de sus cr\u00edmenes.<\/p>\n
Para la oposici\u00f3n cubana y para las familias de las v\u00edctimas, la insistencia de D\u00edaz-Balart insiste en un punto inc\u00f3modo para la dictadura: los abusos del poder no se disuelven con el tiempo. Si hubo \u00f3rdenes, responsables y grabaciones, el reclamo de justicia no pertenece al pasado; sigue apuntando al aparato que convirti\u00f3 la violencia pol\u00edtica en m\u00e9todo de gobierno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"