La Corte Suprema de Estados Unidos volvi\u00f3 a poner sobre la mesa las confiscaciones hechas por el r\u00e9gimen cubano en 1960 al escuchar argumentos en dos demandas por activos arrebatados a empresas estadounidenses. El debate judicial gira en torno a Havana Docks Corporation y Exxon Mobil, dos casos que buscan compensaci\u00f3n por propiedades tomadas sin pago y que cuentan con el respaldo de la Administraci\u00f3n Trump.<\/p>\n
La vista en Washington no solo revive una vieja deuda del castrismo con sus v\u00edctimas extranjeras. Tambi\u00e9n expone la vigencia de una pol\u00edtica de expolio que marc\u00f3 el inicio del poder absoluto de Fidel Castro y que todav\u00eda arrastra consecuencias legales, econ\u00f3micas y diplom\u00e1ticas para la isla. El r\u00e9gimen sigue cargando con el costo de aquellas confiscaciones, que sirvieron para desmontar la propiedad privada y consolidar el control estatal sobre sectores estrat\u00e9gicos.<\/p>\n
Havana Docks present\u00f3 su demanda en Florida en 2019 contra Royal Caribbean, Norwegian, Carnival y MSC, por haber operado entre finales de 2015 y mediados de 2019 en la Terminal de Cruceros del Puerto de La Habana, confiscada en 1960. Un juez federal hab\u00eda ordenado a las compa\u00f1\u00edas pagar 100 millones de d\u00f3lares cada una, pero una corte de apelaciones anul\u00f3 esa decisi\u00f3n. La empresa pidi\u00f3 entonces que el Supremo revisara el asunto, y la corte acept\u00f3 hacerlo en 2024.<\/p>\n
El otro expediente involucra a Exxon Mobil y la confiscaci\u00f3n de una refiner\u00eda y m\u00e1s de un centenar de estaciones de servicio, adem\u00e1s de otros activos de petr\u00f3leo y gas en la isla. Exxon llev\u00f3 el caso ante un tribunal federal en Washington D.C. contra tres entidades estatales cubanas a las que acusa de violar la Ley Helms-Burton al extraer, importar y refinar crudo y operar estaciones de servicio usando propiedades expropiadas.<\/p>\n
La Casa Blanca se aline\u00f3 con las demandas y envi\u00f3 opiniones de respaldo al Supremo. Desde el Departamento de Estado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental defendi\u00f3 que Washington tiene inter\u00e9s en promover la democracia en Cuba y en exigir rendici\u00f3n de cuentas por las confiscaciones ilegales del Gobierno cubano. La lectura pol\u00edtica es clara: el expediente de las expropiaciones sigue siendo una herida abierta y un recordatorio de que el r\u00e9gimen nunca respondi\u00f3 por su primera gran operaci\u00f3n de saqueo econ\u00f3mico.<\/p>\n
El caso llega adem\u00e1s en medio de una presi\u00f3n renovada de Washington sobre La Habana. La Administraci\u00f3n Trump ha cortado el acceso de Cuba al crudo venezolano y ha impuesto aranceles a quienes vendan petr\u00f3leo a la isla, una ofensiva que ha terminado de golpear una econom\u00eda ya exhausta y sumida en una crisis humanitaria profunda. Mientras el poder en La Habana insiste en culpar al bloqueo, los pleitos por las confiscaciones recuerdan que el origen del desastre tambi\u00e9n est\u00e1 en el despojo interno, el desprecio por la propiedad y d\u00e9cadas de control pol\u00edtico sin compensaci\u00f3n ni rectificaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"