El Tribunal Supremo cerr\u00f3 este jueves la puerta a anular la condena contra el ex fiscal general del Estado \u00c1lvaro Garc\u00eda Ortiz por revelaci\u00f3n de secretos, al rechazar los incidentes de nulidad planteados por su defensa y por la Fiscal\u00eda. La decisi\u00f3n consolida la sentencia dictada en noviembre, que le impuso dos a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros de indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n
El fallo deja a Garc\u00eda Ortiz atrapado en una condena que el alto tribunal considera vinculada a la filtraci\u00f3n de datos reservados de Alberto Gonz\u00e1lez Amador, pareja de la presidenta madrile\u00f1a Isabel D\u00edaz Ayuso. Para el Supremo, la actuaci\u00f3n del entonces jefe de la Fiscal\u00eda cruz\u00f3 una l\u00ednea que ni la defensa de la instituci\u00f3n ni la respuesta a ataques p\u00fablicos pueden cubrir con el manto de la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n
La Sala de lo Penal fue tajante al afirmar que una nota informativa con informaci\u00f3n confidencial, conocida por raz\u00f3n del cargo, no queda amparada por ese derecho. Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 que la necesidad de respaldar a la Fiscal\u00eda frente a ataques institucionales borre la antijuridicidad de la conducta. En su criterio, la protecci\u00f3n de la imagen de una instituci\u00f3n no autoriza a divulgar secretos.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n, sin embargo, no sali\u00f3 un\u00e1nime. Las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer volvieron a defender la nulidad de la sentencia y sostuvieron que el caso debi\u00f3 terminar con la absoluci\u00f3n de Garc\u00eda Ortiz. En su voto particular insistieron en que varios periodistas declararon haber conocido el correo comprometido antes de la nota de la Fiscal\u00eda, un elemento que para ellas debilitaba la tesis de la condena.<\/p>\n
Ese criterio discrepante tambi\u00e9n cuestiona que la nota informativa revelara datos que no fueran ya conocidos por la opini\u00f3n p\u00fablica. Las magistradas entienden que los testimonios de los periodistas fueron coherentes y corroborados, y que los indicios valorados por la mayor\u00eda no alcanzaban para destruir la presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 del pleito concreto, el caso vuelve a exhibir el deterioro moral y pol\u00edtico de unas instituciones que, incluso en sistemas democr\u00e1ticos, pueden terminar contaminadas por la mezcla de poder, filtraciones y c\u00e1lculo pol\u00edtico. La respuesta judicial del Supremo marca un l\u00edmite claro: la autoridad del cargo no autoriza a manipular informaci\u00f3n reservada ni a usar la maquinaria del Estado para defenderse de la cr\u00edtica o del esc\u00e1ndalo.<\/p>\n
Para el lector cubano, la lecci\u00f3n es evidente. All\u00ed donde no existen contrapesos reales, la filtraci\u00f3n, la impunidad y el uso partidista de las instituciones se convierten en rutina. En una democracia con fisuras, todav\u00eda queda un tribunal capaz de dejar por escrito que la ley no protege abusos maquillados como defensa institucional. En Cuba, el r\u00e9gimen ni siquiera se somete a ese tipo de examen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"