El r\u00e9gimen cubano dio v\u00eda libre a mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia para abrir y administrar residencias de cuidados para adultos mayores y personas en situaci\u00f3n de discapacidad, una admisi\u00f3n directa de que el Estado ya no tiene capacidad para sostener por s\u00ed solo una demanda que crece mientras la poblaci\u00f3n envejece y los servicios p\u00fablicos se quedan atr\u00e1s.<\/p>\n
La autorizaci\u00f3n qued\u00f3 recogida en el Acuerdo 10249\/2025, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Manuel Marrero Cruz, dentro del desarrollo del Decreto 109 sobre el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. La norma habilita residencias de cuidados diurnos, permanentes y mixtas, y marca un giro en un sector que hasta ahora estaba pr\u00e1cticamente monopolizado por casas de abuelos, hogares de ancianos y centros especializados del sistema estatal.<\/p>\n
El movimiento tiene una lectura pol\u00edtica evidente: el r\u00e9gimen reconoce, por escrito, que no puede cubrir una de las necesidades m\u00e1s delicadas de una sociedad golpeada por el envejecimiento acelerado, la crisis econ\u00f3mica y el deterioro de la red p\u00fablica. En vez de fortalecer de verdad los servicios sociales, abre la puerta al sector no estatal bajo vigilancia estricta y con m\u00e1s controles que libertades.<\/p>\n
Quien quiera operar estas residencias tendr\u00e1 que obtener aval del director general de Salud del municipio, licencia sanitaria del local y pasar por una capacitaci\u00f3n obligatoria en escuelas de cuidadores, adem\u00e1s de pagar el curso exigido por el Ministerio de Salud P\u00fablica. Ese mismo organismo quedar\u00e1 encargado de definir requisitos, otorgar licencias, controlar la formaci\u00f3n y supervisar el funcionamiento de los centros.<\/p>\n
El acuerdo tambi\u00e9n impone una cuota social: al menos el 10 % de las capacidades deber\u00e1 reservarse para personas vulnerables de la comunidad. En esos casos, se aplicar\u00e1 la tarifa estatal vigente para casas de abuelos y hogares de ancianos certificados, y si la persona no puede pagar, la Asistencia Social asumir\u00e1 total o parcialmente el costo, previa evaluaci\u00f3n.<\/p>\n
La medida llega con incentivos para los nuevos operadores. Si el servicio se presta en un local estatal arrendado, el titular quedar\u00e1 exento del pago de renta durante dos a\u00f1os, con posibilidad de pr\u00f3rroga hasta tres si la situaci\u00f3n econ\u00f3mica lo exige. Al terminar ese per\u00edodo, las autoridades decidir\u00e1n si corresponde cobrar arrendamiento o entregar el inmueble en usufructo.<\/p>\n
El cuadro que deja esta decisi\u00f3n es claro. Cuba sigue acumulando poblaci\u00f3n mayor de 60 a\u00f1os, pierde fuerza laboral y arrastra una crisis que ha vaciado la capacidad del Estado para responder con dignidad a la vejez y la discapacidad. El r\u00e9gimen, que durante d\u00e9cadas vendi\u00f3 el monopolio estatal como garant\u00eda de protecci\u00f3n social, termina reconociendo que necesita a privados para sostener un servicio b\u00e1sico que debi\u00f3 haber defendido con recursos propios.<\/p>\n
La apertura no significa una retirada del control pol\u00edtico. El MINSAP y el resto de los aparatos administrativos conservar\u00e1n la llave del sistema: autorizan, supervisan, fijan tarifas, exigen cuotas y deciden qui\u00e9n puede entrar y qui\u00e9n no. En Cuba, incluso cuando el r\u00e9gimen admite su fracaso, lo hace sin soltar el mando.<\/p>\n
El acuerdo entrar\u00e1 en vigor 30 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en la Gaceta Oficial.<\/p>\n
El r\u00e9gimen cubano autoriz\u00f3 a mipymes, cooperativas y cuentapropistas a abrir residencias para ancianos y discapacitados, una admisi\u00f3n de su incapacidad para sostener ese servicio.[8][<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"