El Ministerio del Interior detuvo en La Habana a 10 ciudadanos paname\u00f1os acusados de \u201cpropaganda contra el orden constitucional\u201d, una imputaci\u00f3n que el r\u00e9gimen ampara en el art\u00edculo 124 del C\u00f3digo Penal y que vuelve a colocar la represi\u00f3n pol\u00edtica en el centro de la escena.<\/p>\n
Seg\u00fan la nota oficial, los detenidos \u2014residentes en Panam\u00e1\u2014 fueron arrestados el s\u00e1bado 28 de febrero despu\u00e9s de ser se\u00f1alados como autores de letreros \u201csubversivos\u201d colocados en la capital durante la madrugada. El propio comunicado asegura que hab\u00edan sido \u201corientados\u201d para entrar a Cuba, confeccionar los carteles y salir del pa\u00eds, con un pago de entre 1.000 y 1.500 d\u00f3lares por persona al regresar a su pa\u00eds.<\/p>\n
La versi\u00f3n del MININT apareci\u00f3 primero en las p\u00e1ginas oficiales y luego fue borrada, un detalle que aliment\u00f3 m\u00e1s dudas que certezas. La publicaci\u00f3n borrada y republicada despu\u00e9s refuerza la impresi\u00f3n de una operaci\u00f3n propagand\u00edstica improvisada, con una acusaci\u00f3n grave pero sin la transparencia m\u00ednima que exige un caso de esta naturaleza.<\/p>\n
El comunicado no identific\u00f3 a los detenidos, no precis\u00f3 el contenido de los supuestos letreros ni revel\u00f3 d\u00f3nde habr\u00edan sido colocados. Tampoco explic\u00f3 qu\u00e9 pruebas sostienen la acusaci\u00f3n, si hubo acceso consular o en qu\u00e9 condici\u00f3n procesal est\u00e1n los paname\u00f1os. En un sistema acostumbrado a convertir la seguridad del Estado en argumento autom\u00e1tico, esos vac\u00edos pesan tanto como la denuncia misma.<\/p>\n
La narrativa oficial tambi\u00e9n dej\u00f3 una pregunta de fondo: por qu\u00e9 el r\u00e9gimen necesita presentar como una conspiraci\u00f3n extranjera la aparici\u00f3n de carteles en La Habana, una ciudad donde la protesta abierta, la cr\u00edtica y hasta un mensaje escrito chocan de frente con el aparato represivo. La respuesta est\u00e1 en el miedo del poder a cualquier gesto que rompa el control pol\u00edtico y exhiba la fragilidad de su dominio cotidiano.<\/p>\n
Jos\u00e9 Ra\u00fal Gallego cuestion\u00f3 la credibilidad del supuesto pago y calific\u00f3 la historia como otra de las \u201cagresiones\u201d que la Seguridad del Estado suele fabricarle al pa\u00eds para sostener su relato. Su observaci\u00f3n toca un punto sensible: Cuba amaneciendo llena de carteles y, al mismo tiempo, un r\u00e9gimen dispuesto a montar una causa penal para criminalizar lo que en cualquier sociedad normal ser\u00eda una manifestaci\u00f3n pol\u00edtica o un acto de protesta.<\/p>\n
El art\u00edculo 124 del C\u00f3digo Penal prev\u00e9 penas de tres a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n para quien confeccione o difunda propaganda considerada contraria al orden constitucional, una figura legal que el castrismo usa como arma para perseguir el disenso y blindar su control sobre la esfera p\u00fablica. En este caso, la imputaci\u00f3n contra 10 extranjeros a\u00f1ade un componente diplom\u00e1tico y expone, una vez m\u00e1s, hasta d\u00f3nde llega el af\u00e1n del r\u00e9gimen por castigar cualquier expresi\u00f3n inc\u00f3moda, venga de dentro o de fuera de la isla.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"