El Consejo de Ministros autoriz\u00f3 al sector no estatal a prestar servicios de cuidado para personas adultas mayores y personas en situaci\u00f3n de discapacidad, una decisi\u00f3n que confirma la presi\u00f3n sobre una red estatal incapaz de sostener sola esa carga. La medida, publicada en la Gaceta Oficial, habilita residencias de cuidados diurnos, permanentes o mixtas como complemento de las casas de abuelos, hogares de ancianos y centros afines.<\/p>\n
El acuerdo reconoce el golpe del envejecimiento acelerado de la poblaci\u00f3n cubana y responde a la necesidad de ampliar los servicios de cuidados. En la pr\u00e1ctica, el r\u00e9gimen abre un espacio al trabajo privado, pero lo hace bajo un esquema de vigilancia, tarifas fijadas desde arriba y permisos condicionados por la burocracia sanitaria y municipal.<\/p>\n
La autorizaci\u00f3n deja intacto el control pol\u00edtico y administrativo sobre una actividad sensible. Quienes entren en este negocio deber\u00e1n obtener aprobaci\u00f3n seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente, presentar el aval del Director General de Salud municipal y cumplir los requisitos dictados por el Ministerio de Salud P\u00fablica. Tambi\u00e9n tendr\u00e1n que reservar al menos el 10% de sus capacidades para personas vulnerables de inter\u00e9s social, con precios equiparados a los de instituciones estatales certificadas.<\/p>\n
Ese punto revela la verdadera l\u00f3gica del acuerdo: el Estado descarga parte del problema sobre actores no estatales, pero conserva la regulaci\u00f3n de acceso, cobro y supervisi\u00f3n. Si el beneficiario no puede pagar, la Asistencia Social puede asumir total o parcialmente el costo, lo que traslada una vez m\u00e1s el peso financiero al presupuesto p\u00fablico sin resolver la ra\u00edz del deterioro.<\/p>\n
La norma fija adem\u00e1s tres modalidades de servicio: residencias de cuidados diurnos, residencias de cuidados permanentes y una variante mixta. Al mismo tiempo, asigna al MINSAP el deber de establecer requisitos, garantizar atenci\u00f3n m\u00e9dica y estomatol\u00f3gica, y organizar la capacitaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n de cuidadores. Finanzas y Precios deber\u00e1 aprobar tarifas y evaluar beneficios fiscales u otros incentivos econ\u00f3micos para empujar esta actividad.<\/p>\n
Gobernadores e intendentes tambi\u00e9n quedan metidos en la operaci\u00f3n. Tendr\u00e1n que promover los servicios, identificar cuentapropistas con experiencias similares, se\u00f1alar inmuebles aptos y facilitar bienes e insumos necesarios. El acuerdo incluso prev\u00e9 la exenci\u00f3n del pago del arrendamiento de locales estatales durante dos a\u00f1os, prorrogables hasta tres, antes de decidir si se cobra o si se entrega el inmueble en usufructo.<\/p>\n
La disposici\u00f3n entra en vigor 30 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n y deja al descubierto una realidad que la propaganda oficial intenta maquillar: el cuidado de ancianos y personas con discapacidad se ha vuelto otra responsabilidad que el r\u00e9gimen ya no puede sostener con su propia red. La apertura a privados llega tarde, encorsetada y vigilada, pero confirma el deterioro de un modelo que empuja a las familias a buscar soluciones fuera del aparato estatal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"