El r\u00e9gimen cubano sigue sin entregar a la Embajada de Estados Unidos en La Habana la informaci\u00f3n que le pidi\u00f3 sobre el incidente del 25 de febrero de 2026 en aguas cubanas, mientras mantiene bajo prisi\u00f3n provisional a seis sobrevivientes y empuja el caso hacia un proceso penal por terrorismo. La falta de respuesta oficial agrava una trama ya cargada de sospechas, muertos, detenidos y una versi\u00f3n que Washington se niega a dar por cerrada.<\/p>\n
El Departamento de Estado confirm\u00f3 a Mart\u00ed Noticias que las autoridades cubanas han dejado sin contestar las solicitudes sobre acceso consular e informaci\u00f3n relativa a los supuestos ciudadanos estadounidenses vinculados al hecho. La omisi\u00f3n no es menor: en un asunto de esta gravedad, el silencio de La Habana refuerza la desconfianza y deja en evidencia el modo en que el r\u00e9gimen administra cualquier crisis que lo comprometa ante el exterior.<\/p>\n
La canciller\u00eda cubana identific\u00f3 a seis sobrevivientes: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, Jos\u00e9 Manuel Rodr\u00edguez Castell\u00f3, Leord\u00e1n Cruz Gomez, Amijail S\u00e1nchez Gonz\u00e1lez y Roberto Alvarez Avila. Tambi\u00e9n divulg\u00f3 una lista con cuatro fallecidos: Pavel Alling Pe\u00f1a, Michael Ortega Casanova, Ledi\u00e1n Padr\u00f3n Guevara y H\u00e9ctor Duani Cruz Correa. A la par, el vicecanciller Carlos Fern\u00e1ndez de Coss\u00edo insisti\u00f3 en que La Habana ha mantenido comunicaci\u00f3n con autoridades estadounidenses y asegur\u00f3 que estaba dispuesta a intercambiar informaci\u00f3n sobre el caso.<\/p>\n
La otra cara del expediente es la Fiscal\u00eda General de Cuba, que mantiene a los seis sobrevivientes en prisi\u00f3n provisional y les abri\u00f3 un proceso penal por delitos incluidos en el cap\u00edtulo de terrorismo del C\u00f3digo Penal. Esa decisi\u00f3n coloca el caso en el terreno m\u00e1s sensible del aparato penal cubano, donde la mano del r\u00e9gimen suele caer con dureza cuando necesita fabricar una narrativa de seguridad, control y castigo.<\/p>\n
Washington, por su parte, no ha aceptado la versi\u00f3n oficial como palabra final. El secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance ya se han referido al episodio, y la respuesta del Departamento de Estado fue tajante: no asumir\u00e1n como definitiva la versi\u00f3n de La Habana. En otras palabras, el caso qued\u00f3 abierto en el peor escenario para el r\u00e9gimen, que pretende controlar la informaci\u00f3n mientras enfrenta una presi\u00f3n pol\u00edtica de alto nivel en Estados Unidos.<\/p>\n
El episodio expone una pr\u00e1ctica vieja del castrismo: ocultar, dosificar y administrar los hechos seg\u00fan la conveniencia pol\u00edtica del momento. Cuando hay muertos, detenidos y acusaciones cruzadas, el r\u00e9gimen vuelve a actuar como due\u00f1o absoluto de la verdad, pero sin transparencia real ni garant\u00edas para los implicados. Esa opacidad no solo complica la relaci\u00f3n con Washington; tambi\u00e9n deja a los familiares y a la opini\u00f3n p\u00fablica atrapados en una versi\u00f3n oficial que no despeja las dudas esenciales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"