A pesar de la aparente flexibilización con la extensión del beneficio de «libre importación» hasta abril de 2025, la Aduana General de la República -brazo ejecutor de las políticas restrictivas del régimen- ha ejecutado decomisos masivos bajo el pretexto de «presuntos fines comerciales».
Las cifras son alarmantes: entre abril y diciembre de 2024, el régimen se apropió de 7 toneladas de alimentos, 280.000 unidades de productos de aseo y 760 tabletas de medicamentos controlados. Estos decomisos evidencian la continuidad de prácticas confiscatorias que han caracterizado al castrismo desde sus inicios.
La viceministra Jenisley Ortiz Mantecón intentó justificar estas acciones alegando la prevención del «mercado informal» – un eufemismo para criminalizar la iniciativa privada que surge como respuesta natural ante la incompetencia del modelo económico socialista.
Los más de 60 casos de «infracciones» detectados revelan el férreo control que mantiene el régimen sobre cualquier intento de los cubanos por mejorar sus condiciones de vida.
Mientras el régimen dice «proteger el consumo personal», la realidad es que estas medidas profundizan la crisis humanitaria que vive la población. Los cubanos dependen de estos envíos ante el rotundo fracaso del sistema de distribución estatal.
Las denuncias de arbitrariedades en los decomisos se multiplican. Los testimonios revelan que los oficiales de aduana actúan con total discrecionalidad, cambiando criterios sin previo aviso, en una clara demostración del poder absoluto del Estado sobre los ciudadanos.
La extensión de la mal llamada «libre importación» hasta abril de 2025 es una concesión cosmética que enmascara el control férreo del régimen. Los requisitos burocráticos y las amenazas de decomiso revelan que la verdadera intención es mantener a la población dependiente del Estado.
Las autoridades advierten que continuarán con los decomisos, perpetuando un ciclo de escasez y control que ha caracterizado seis décadas de dictadura. Mientras tanto, los cubanos siguen buscando formas de sobrevivir ante un sistema que criminaliza hasta la importación de productos básicos para la subsistencia familiar.
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