La denuncia volvió a poner bajo el reflector el engranaje más sucio del régimen: la red de informantes que vigila barrios, graba vecinos y entrega nombres a la Seguridad del Estado cuando la gente se cansa y sale a la calle. Esta vez, el proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, añadió a su lista a dos hombres de Holguín señalados por participar en la delación de manifestantes en Gibara.
Los acusados son Adrián Pupo Cuesta, conocido como “El Mocho”, y Wilder César Tejeda Ruiz. Según las denuncias, ambos usaron sus teléfonos celulares para registrar a vecinos durante la protesta pacífica de la noche del 13 de septiembre y luego entregaron ese material al Departamento de Seguridad del Estado. En un país donde la vigilancia política forma parte de la vida cotidiana, ese tipo de colaboración no se queda en un simple chivatazo: alimenta la represión y abre la puerta a detenciones.
Las consecuencias llegaron de inmediato. En la madrugada del 14 de septiembre, al menos siete gibareños fueron arrestados. Entre los nombres que han trascendido figuran Dairan Bermúdez Batista, “Chelli”; Reymundo Galbán Claro, “El Chino”; y Pedro José, “Porrón”. Familiares de los detenidos denuncian además que otros jóvenes siguen incomunicados, una práctica que el régimen usa para sembrar miedo y cortar cualquier intento de organización.
La protesta nació en Güirito, una localidad de Gibara, cuando decenas de vecinos salieron con cazuelas, linternas y consignas para exigir electricidad, alimentos y libertad después de más de 24 horas sin servicio eléctrico. Los videos que circularon mostraron a hombres y mujeres golpeando cazuelas y gritando “¡Queremos corriente y agua!”, una escena que resume el límite al que ha empujado al pueblo la crisis y el abandono institucional.
Mientras la calle hablaba con ruido de cazuelas, la versión oficial intentó maquillar lo ocurrido. Medios oficialistas como Realidades desde Holguín y el canal Gibaravisión aseguraron que todo transcurrió en un ambiente de “empatía y respeto”, que las autoridades dialogaron con la población y que los vecinos regresaron a sus casas sin incidentes. Pero pocas horas después aparecieron patrullas recorriendo las calles y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria arrestando ciudadanos, una secuencia que desmontó de golpe el relato complaciente del régimen. Activistas describieron la operación como una cacería contra los manifestantes.
Represores Cubanos y la FDHC sostienen que Pupo Cuesta y Tejeda Ruiz forman parte del sistema de vigilancia y delación que sostiene la dictadura para sofocar cualquier expresión ciudadana legítima. La organización advirtió que seguirá documentando casos similares y recordó a los informantes que su conducta puede tener consecuencias internacionales, entre ellas la negación de visas o el envío de remesas.
El estallido de Gibara no ocurrió en el vacío. Llegó apenas tres días después de otro colapso del Sistema Eléctrico Nacional, provocado por la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, en un país acostumbrado ya a apagones, penurias y promesas vacías. La falta de electricidad golpea el agua, los hospitales y la vida doméstica, mientras la escasez de alimentos y medicinas sigue triturando la rutina de millones de cubanos.
Por eso las protestas en Gibara pesan más que una noche de barrio indignado. Son otra señal del hartazgo que recorre la isla y de la respuesta automática del régimen: vigilancia, delación, detenciones y propaganda para esconder la realidad. En la Cuba de hoy, pedir luz, comida y libertad sigue siendo suficiente para que el aparato represivo desate su maquinaria.
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