Más de 3,1 millones de cubanos viven hoy entre la sed y la incertidumbre por la falta total o parcial de agua, una cifra que roza el 30 % de la población y que desnuda otra vez el colapso de los servicios básicos bajo el régimen. La escasez no responde a una sola causa: se mezclan la sequía, la crisis energética, las roturas de las máquinas de bombeo y el deterioro de las redes hidráulicas, un combo de abandono y precariedad que el poder intenta administrar con paños tibios.
En Santiago de Cuba, la segunda provincia del país, el golpe es todavía más duro. Allí, más de 400.000 personas, cerca del 40 % de sus habitantes, están afectadas por la sequía persistente. Los embalses se encuentran al límite y las autoridades hablan de estrategias sostenibles y obras de emergencia para contener un problema que el propio sistema ha dejado crecer hasta volverlo rutinario.
La crisis eléctrica agrava cada tramo de la cadena. Con apagones que en todo el país superan las 20 horas diarias, las bombas se detienen, el servicio se interrumpe y, cuando vuelve la corriente, los equipos tardan horas en recuperar su funcionamiento. En ese vaivén, además de perder agua, muchas veces se rompen las máquinas, lo que multiplica el daño y deja a barrios enteros atrapados en una precariedad sin salida a corto plazo.
La falta de agua ya se ha sumado a los reclamos populares que han estallado por los apagones en comunidades de La Habana y Santiago de Cuba. El descontento crece porque el problema dejó de ser una molestia doméstica para convertirse en una carga política directa: el régimen no garantiza electricidad ni agua, dos derechos elementales, y pretende que la población asuma como normal vivir en la escasez permanente.
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