El sacerdote católico Alberto Reyes volvió a poner el foco sobre la represión del régimen cubano al denunciar el juicio contra el escritor José Gabriel Barrenechea, procesado por su participación en las protestas del 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, Villa Clara. La causa, que quedó conclusa para sentencia en el Tribunal Provincial de Villa Clara, confirma hasta dónde llega el castigo oficial contra quien se atreve a alzar la voz.
Reyes defendió que aquellas protestas surgieron en medio de apagones de más de 48 horas y se limitaron a una expresión cívica elemental: golpear calderos y reclamar corriente. Esa imagen basta para desmontar el relato del poder, que insiste en criminalizar cualquier manifestación de inconformidad y convierte una protesta vecinal en expediente penal.
En su texto, el sacerdote describió a Cuba como una dictadura donde todo queda subordinado a la obediencia. Señaló que el régimen exige callar, aguantar y someterse, incluso cuando faltan la electricidad, los alimentos y los medicamentos, y cuando una parte del país ya no acepta seguir viviendo bajo el mismo control político que asfixia a la sociedad desde hace décadas.
Reyes también denunció que Barrenechea fue castigado por dos razones que el régimen considera imperdonables: manifestarse y ejercer como periodista independiente. En un sistema donde la verdad se encierra y el disenso se persigue, cualquier voz libre termina tratada como una amenaza. Esa es la lógica que sostiene los procesos penales fabricados para disciplinar a los cubanos.
El expediente incluye además a otros cinco acusados. La fiscalía pide nueve años de prisión para Barrenechea, para Yandri Torres Quintana, de 37 años, y para Rafael Javier Camacho Herrera, de 26. Para Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, Marcos Daniel Díaz Rodríguez y Yuniesky Lorences Domínguez, las solicitudes oscilan entre cuatro y cinco años de cárcel. El mensaje del régimen es claro: protestar, escribir o simplemente no obedecer puede costar años de prisión.
Reyes cerró su denuncia con una frase que resume el costo moral de esta persecución: los jueces podrán condenar al escritor, pero no podrán borrar la solidaridad que su caso ha despertado. En Cuba, cada proceso político de este tipo deja al desnudo el mismo abuso de siempre: un aparato represivo que fabrica delitos para castigar la dignidad.
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